Lunes 24 de octubre de 2011, p. 14
Una juez federal negó un amparo a Esiquio Martínez Hernández, secretario de otro juzgado federal que fue recluido por una acusación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de la Procuraduría General de la República (PGR) por presunto enriquecimiento ilícito de más de 50 millones de pesos.
La juez Luz María Ortega Tlapa, titular del juzgado octavo de distrito en materia de amparo, negó la protección de la justicia a Esiquio Martínez por considerar que existen elementos para que sea juzgado por ese ilícito.
Al interponer el recurso, Martínez Hernández alegó que la investigación que lo llevó a la cárcel es ilegal, porque se violó el secreto bancario.
En el amparo contra la formal prisión el ex funcionario judicial argumentó que todos sus estados de cuenta, en los que se descubrió que había movilizado 432 millones de pesos en siete años, fueron reportados a autoridades antes de que se abriera la averiguación previa.
El CJF ha divulgado que presentó la denuncia ante la PGR contra el ex secretario el pasado 28 de enero, luego de que tuvo conocimiento de los movimientos en las cuentas bancarias.
Según la demanda de garantías de Martínez Hernández, la transmisión de esa información fue violatoria del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito.
En este artículo el CJF no aparece entre las instituciones facultadas para solicitar y obtener información bancaria de personas físicas o morales, pero sí la PGR, las procuradurías locales, la Auditoría Superior de la Federación, los jueces y el Instituto Federal Electoral.
Sin embargo, la juzgadora le negó el amparo porque sostuvo que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de todas formas solicitó la información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En el proceso contra Martínez Hernández está pendiente que comparezca ante el juzgado que lo procesa el juez Álvaro Tovilla León, quien fue jefe del secretario de acuerdos sujeto a juicio y quien también enfrenta una investigación ante el CJF por presuntos actos de corrupción.