arlos Fernández-Vega, como siempre, nos recuerda diariamente cómo está la economía de México, en este caso a partir de los gobiernos neoliberales (véase su columna del 25/10/11 en La Jornada). Establece, con acierto, una línea de continuidad entre Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en relación con las privatizaciones. Esta línea, la misma y sin desviaciones de fondo, se dio con Salinas, Zedillo y Fox. Es nuestra obligación, como mexicanos, no perderla de vista, pues en esto consiste la pugna por la Presidencia de la República hacia 2012. Lo que está en juego es el manejo de la economía del país: en manos privadas para las cuales el Estado sólo está de adorno y para proteger sus intereses; o en manos de la nación y de su pueblo, para las cuales el Estado debe recuperar su papel regulador, distribuir la riqueza y garantizar nuestra soberanía.

Fernández-Vega nos ha recordado, en apretada síntesis, la transferencia de la infraestructura industrial del Estado a la iniciativa privada: siderúrgicas, cementeras, químicas, petroquímicas, aerolíneas, mineras, aeropuertos, puertos, fertilizantes, textiles, comercializadoras, bancos, aseguradoras, afianzadoras, hoteles, ingenios azucareros, carreteras, inmobiliarias, una gruesa rebanada de la generación eléctrica, gas, constructoras, fábricas de bicicletas y de ropa popular, empresas de alimentos, armadoras automotrices, embotelladoras, astilleros, telefónicas, televisoras, almacenes, instalaciones pesqueras, satélites, ferrocarriles, transbordadores, imprentas, red nacional de fibra óptica, varias áreas del sector petrolero y lo que se quede en el tintero, que no es poco. Falta Petróleos Mexicanos, la empresa pública más codiciada por empresarios nacionales y extranjeros.

Todos los gobiernos neoliberales la han ofrecido al capital, y Peña Nieto, quien hasta ahora cree que ganará, ya lo dijo: abrir la explotación y refinación a la iniciativa privada, aunque no supo exponer los cómos. Éstos, por cierto, no importan, ya se le ocurrirán si lo dejamos gobernar el país.

Si somos rigurosos el servicio de Pemex a la iniciativa privada, incluso trasnacional, ya se ha hecho desde los tiempos de Echeverría si no es que desde antes. Han pasado más de 40 años de subsidios petroleros al capital, en principio por la vía de precios: el control de Pemex se ha dado, por ejemplo, en la petroquímica básica, la que tiene menor valor agregado en el rubro, pero no a la secundaria, la de mayor valor agregado (y más ganancias) y que ha estado en manos de empresas privadas, nacionales y extranjeras.

Lo ha dicho muy bien Guillermo Ortiz Martínez: el valor agregado del petróleo es menor a 10 por ciento de la economía (La Jornada, ídem), y esto es así porque desde hace unos 40 años la petroquímica secundaria ha sido dejada a la industria privada y, además, subsidiada por la vía de los precios de los insumos producidos por Pemex en lo que se conoce como petroquímica primaria. (Sólo como recordatorio: la petroquímica primaria procesa los derivados del petróleo y del gas natural, y la petroquímica secundaria es la que transforma productos básicos e intermedios en productos elaborados tales como fibras sintéticas, materias plásticas y elastómeros, fertilizantes, pinturas, solventes, polímeros, como el PVC, detergentes, y muchos productos más conocidos como derivados del petróleo.)

Pero una cosa es el subsidio, que se puede suspender si así lo desea el gobierno, y otra dejar al capital que controle la empresa. Al pastel Pemex se le han quitado ya varias rebanadas, unas delgadas y otras gruesas, pero los empresarios lo quieren completo.

Calderón, aunque lo ofreció, como también sus antecesores cercanos, no lo ha logrado; Peña Nieto lo ha vuelto a ofrecer con desplantes, dijo, de audacia. No es audacia, señor Peña, es entrega; la entrega de un bien de la nación considerado estratégico y que genera, según el mismo Ortiz Martínez, 35 por ciento de los ingresos fiscales.

Si estos ingresos dejan de percibirse habrá que obtenerlos de otro lado y no veo a un gobierno de corte neoliberal, sea del PRI, del PAN o del chuchismo del PRD, subiendo progresivamente los impuestos al capital. Hablan de acrecentar la productividad, de generar empleo, de aumentar el consumo interno, etcétera, y todo esto con base en la activación de las inversiones privadas.

Justamente esto es lo que se ha hecho y el resultado ya lo conocemos: mayor desempleo, pérdida del valor adquisitivo del salario, crecimiento económico casi nulo y, ¡sólo faltaba!, mayor enriquecimiento de unos cuantos, cada vez menos, pero cada vez más ricos, tanto que pueden perder miles de millones de dólares y siguen tan campantes.

Que quede claro que no estoy diciendo que las empresas en manos del Estado son mejores, necesariamente, que si estuvieran en manos privadas. Si una empresa estatal se administra como si fuera privada y no al servicio de la población más necesitada, el resultado no cambia. Ahí está la Comisión Federal de Electricidad como un ejemplo. El mismo Ortiz multicitado ya lo dijo: el precio del servicio es mucho más alto del que se paga en Estados Unidos. Y así es, porque el gobierno, expresión concreta del Estado, es el que orienta a las empresas estatales: éstas no se mandan solas. Y el gobierno ha resuelto que los costos del servicio lo paguen los consumidores por igual, sean ricos o sean pobres, en lugar de establecer sus precios verdaderamente diferenciados en favor de los más.

Lo que se requiere es un gobierno con sensibilidad popular que regule al capital y los mercados para beneficio de la nación (de sus riquezas y de su población) y no para quienes ya son privilegiados o lo serán por su cercanía al gobernante.

Generar riqueza, sí, pero también distribuirla, incluso por razones prácticas: entre más capacidad de consumo tengan los mexicanos menos dependerá el país del extranjero. No se necesita ser especialista para saber que la producción sin consumo no reactiva la economía. Hasta los narcotraficantes lo saben.