o que mal comenzó, peor terminó: la trasnacional Repsol echó a Juan José Suárez Coppel, director general de Pemex, de su consejo de administración. No lo toleró más, de tal suerte que en la oscura telenovela de charros mexicanos contra gángsters gachupines, desastrosamente perdieron los primeros, lo cual no tendría mayor relevancia de no ser porque en el tiroteo embarraron al Estado mexicano y, de paso, endeudaron, aún más, a la paraestatal (mil 700 millones de dólares adicionales a los de por sí abultados pasivos de la paraestatal).

A ciencia cierta nadie sabe para qué ni por qué Suárez Coppel se encaprichó cone el asunto Repsol. Tampoco por qué seleccionó al gángster español Luis del Rivero, recién destituido como presidente de Sacyr Vallehermoso, la empresa asociada con Petróleos Mexicanos en la adquisición de acciones de la citada trasnacional, para maniobrar en contra del otro gángster gachupín, Antonio Brufau, cabeza visible de la petrolera sin petróleo propio.

Muchas son las versiones que corren sobre esta película de mucho presupuesto y nulo contenido. Suárez Coppel intentó convencer de las bondades que para México supondría ampliar la participación accionaria de Petróleos Mexicano en Repsol y de la sana asociación con el consorcio ibérico Sacyr Vallehermoso. Pero a la vuelta de la esquina no convenció a nadie, incrementó la deuda de la paraestatal, se le apestó la presunta posibilidad de controlar el consejo de administración de la referida trasnacional, y lejos de ello, lo echaron.

A nadie consultó el aún director de Pemex para armar el numerito internacional. Parece que el consejo de administración de la paraestatal se enteró de esta aventura por medio de la prensa; la deuda contratada por Suárez Coppel para incrementar la participación accionaria de Petróleos Mexicano en Repsol (mil 700 millones de dólares, que no son cualquier cosa) no fue notificada ni detallada a tal instancia, y mucho menos al Congreso. Cuando intentó explicar de qué se trataba, el hecho estaba más que consumado y desatada la guerra contra los gángsters españoles, quienes realizaron su propia maniobra para reventarle toda la intención al funcionario mexicano, no sin explotar la vena nacionalista de los ibéricos que manifestaron su negativa de perder la españolidad de Repsol, sin recordar que su presencia en la economía nacional le ha partido absolutamente toda la mexicanidad a no pocos sectores productivos.

En sólo dos meses, y para la mala suerte de Suárez Coppel, las maniobras de Repsol para evitar el triunfo de los charros mexicanos fueron rotundamente exitosas, y cobraron su primera víctima en el propio socio del funcionario de Pemex, Luis del Rivero, a quien destituyeron de su propia empresa, Sacyr Vallehermoso, para, acto seguido, expulsarlo del consejo de administración de la trasnacional española. El siguiente en la lista era Juan José, a quien también metieron una patada en sus mismísimas intenciones.

Los gachupines utilizaron aquello de la españolidad hasta el exceso, pero el pragmático Juan José se pasó por el arco del triunfo la mexicanidad de Pemex, y alegremente, y por la libre, renunció a los tribunales nacionales para solucionar cualquier conflicto relacionado con Repsol, en caso de que se presentaran, como sucedió. Como bien publicó La Jornada (Israel Rodríguez), a principios de septiembre pasado, “la actual dirección de Petróleos Mexicanos, encabezada por Suárez Coppel, aceptó someterse a las leyes españolas y a los tribunales de Madrid en el contrato que firmó para capitalizar con mil 700 millones de dólares a la petrolera ibérica Repsol. El contrato, que contiene las firmas de Ignacio Quesada Morales por parte de Pemex; José Manuel Carrera Panizzo, de PMI Holdings, y Luis Fernando del Rivero Asencio, por la constructora española Sacyr Vallehermoso, define que ‘cualquier controversia que pueda surgir’ en relación con el acuerdo ´se regirá por el derecho común de España´”.

La versión final del contrato firmado el 29 de agosto de 2011 en Madrid, y que apenas esta semana que comienza será entregado al consejo de administración de Pemex, máximo órgano de gobierno de la paraestatal para su análisis, también determina que: ´la resolución de cuantas controversias, conflictos, desacuerdos o demandas que surjan del presente acuerdo o en relación con el mismo se someterán a los juzgados y tribunales de Madrid capital´. La ´versión firma´ del contrato, cuya copia posee La Jornada, también detalla que en caso de que alguno de los accionistas (Pemex o Sacyr) incurra en incumplimiento por acción u omisión, se deberá resarcir el daño en un plazo de 30 días y exigir los daños y perjuicios, costes, reclamaciones, pérdidas o gastos que sufran o en los que incurran a consecuencia del incumplimiento. El acuerdo tendrá una vigencia de 10 años, y se prorrogará automáticamente por plazos sucesivos de cinco años.

Renunciar a los tribunales nacionales y alegremente someterse a los de otro Estado, no parece ser una decisión digna de un funcionario que está obligado, por ley, a cuidar los intereses nacionales. Pero lo más llamativo de esto es que casi dos meses después de conocerse públicamente la (se presume) unilateral determinación de Suárez Coppel, ninguna autoridad, como todavía les llaman, ha reclamado su proceder, y mucho menos actuado en consecuencia. No se trata de un consorcio del sector privado, ni de un director particular, sino de una empresa del Estado, con un director con responsabilidades legales perfectamente acotadas.

De cualquier suerte, la renuncia de Suárez Coppel a los tribunales mexicanos sirvió para su propia puntilla, pues con base en las leyes españolas los de Repsol lo echaron de su consejo de administración. Pero no todo está perdido, alcanzaron a decir los sangrantes charros mexicanos mientras los gángsters gachupines celebraban la victoria: el lugar del director general de Petróleos Mexicanos fue ocupado por José Manuel Carrera Panizzo, director de Pemex Internacional España, quien tendrá que justificar para qué se utilizaron mil 700 millones de dólares en esta desastrosa película.

Las rebanadas del pastel

Y para aderezar el tema, las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos Primera del Senado de la República aprobaron prorrogar tres años los incrementos a los precios de las gasolinas y el diesel, es decir, rubricaron la decisión de los inquilinos de San Lázaro. Entonces, ¡a seguir pagando, mexicanos silenciosos!, porque si no se enoja el inquilino de Los Pinos.

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