Montevideo, 26 de octubre. La Cámara de Diputados de Uruguay debatía este miércoles un proyecto de ley que declara imprescriptibles los delitos cometidos en la última dictadura (1973-1985), que caducarían el primero de noviembre, al tiempo que una autoridad militar advirtió que así será más difícil hallar a los desaparecidos.

Medio centenar de activistas de derechos humanos y familiares de desaparecidos presenciaban desde las barras del Parlamento la redición de un áspero debate sobre un tema que ha dividido al país sudamericano en los últimos 26 años y que según las previsiones se extenderá hasta la madrugada del viernes.

El proyecto, que tiene carácter de urgente, ya recibió media sanción este martes en el Senado, donde fue aprobado con los votos del oficialista Frente Amplio (FA) y que tiene mayoría en ambas cámaras, por lo que se descontaba su aprobación entre los diputados.

La norma restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el primero de marzo de 1985, fecha del retorno de la democracia.

Además, declara estos delitos crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales y afirma que no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad para su juzgamiento.

Según sus impulsores, el proyecto derogaría de hecho la denominada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobada en 1986, cuando la justicia comenzaba a citar a militares por violaciones a los derechos humanos, y año y medio después de otra norma que dio amnistía a la mayoría de los presos políticos.

Según la ley de caducidad el Poder Ejecutivo es quien debe autorizar qué casos de violaciones de derechos humanos pueden ser juzgados. Durante 20 años, los gobiernos de partidos de derecha rechazaron todas las solicitudes presentadas, hasta que en 2005, con la llegada del Frente Amplio al poder, el entonces presidente Tabaré Vázquez dio luz verde a los primeros juicios.

Desde entonces, poco más de una decena de personas han sido procesadas, incluidos los ex dictadores Gregorio Álvarez y el fallecido Juan María Bordaberry.

En junio el presidente uruguayo, el ex guerrillero José Mujica, revocó más de 80 actos administrativos de otros gobiernos que habían frenado investigaciones, lo que reactivó varios procesos archivados.

Los tres partidos de oposición rechazaban el proyecto que se discutía hoy con el argumento de que éste desconoce la voluntad de la ciudadanía. Dos consultas populares (en 1989 y 2009) no lograron los votos necesarios para anular la polémica ley de caducidad.

De su lado, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, comandante José Bonilla, dijo que si los delitos no prescriben será más difícil obtener datos sobre el destino de los desaparecidos. Para aquellas personas que algo sabían, podían a partir del primero de noviembre, en la libertad de esa prescripción, poder aportar datos que sean importantes para llegar a lo que todos los uruguayos queremos: la verdad frente a los hechos ocurridos en el pasado.

Y es que el áspero debate ocurre además pocos días después del hallazgo de restos óseos en un predio militar, en excavaciones que se realizan en busca de desaparecidos de la dictadura.

Según la Comisión para la Paz, que funcionó entre 2000 y 2003 para investigar el destino de los desaparecidos, hubo 38 personas desaparecidas en Uruguay. Además, se denunciaron 182 desapariciones de uruguayos en Argentina, ocho en Chile, dos en Paraguay y una en Brasil.