México sigue sin poder garantizar la protección a los migrantes en territorio nacional y tampoco ha promovido la participación de organizaciones civiles en el diseño del reglamento de la ley migratoria, afirmó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), durante la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde también participaron representantes del gobierno mexicano.

En la sesión efectuada ayer en Washington, integrantes de la CIDH solicitaron al gobierno de México información acerca de cómo regulará a los extranjeros en tránsito por territorio mexicano, así como de la situación de los defensores de derechos humanos de los migrantes.

La audiencia se realizó a petición del gobierno de Felipe Calderón y en ella se resaltó el incremento en la detención de secuestradores y también la carencia de una política de atención a las víctimas.

Por separado, la Organización Mundial contra la Tortura envió una carta al presidente Calderón en la que solicita investigación y castigo a los responsables de los homicidios de los ciudadanos María Mares Ortiz Hernández, de Honduras, y el joven Julio Fernando Cardona Agustín, oriundo de Guetemala. Ambos casos ocurrieron en el estado de México. También solicitó que se otorgue a las familias de las víctimas una adecuada reparación que incluya una rehabilitación y una compensación.

Esas muertes se mencionaron en la audiencia con la CIDH, donde el Centro Prodh planteó que a pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano no se ha erradicado la práctica de criminalizar a los migrantes, los cuales son víctimas de hechos de violencia como Ortiz Hernández y Cardona Agustín.

La ONG señaló que la única solución que podrá cambiar de forma trascendental la situación de las personas que transitan por territorio nacional es la inclusión en la ley de una visa transmigrante. De esa forma, quienes provienen de Centroamérica harían su recorrido de manera libre y documentada.

En su exposición, la representación del gobierno mexicano dijo que ha habido avances en cuanto a la normatividad migratoria y se abrió un mecanismo de consulta a la sociedad civil y a los académicos para la elaboración del reglamento de la ley en esa materia.

Funcionarios de la Secretaría de Gobernación difundieron ante la comisión interamericana los elementos que contiene la Ley de Migración. Con base en ello aseveraron que México reporta avances en la materia.

El 24 de mayo pasado fue promulgada la Ley de Migración, la cual señala que esta movilidad humana irregular no constituye un delito. El 2 de agosto, el relator especial de la CIDH para el tema, Felipe González, recomendó a México otorgar visas temporales a los extranjeros en tránsito para atajar así las graves y constantes agresiones que sufren los migrantes. El relator destacó que en la definición del reglamento de la ley en referencia –el cual deberá estar listo el mes entrante– es necesario consultar de manera preferente a las organizaciones de la sociedad civil.

Según el boletín difundido por las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, durante la audiencia los comisionados preguntaron el estado que guarda la consulta con la sociedad civil.