n un contexto internacional marcado por la volatilidad cambiaria, la inestabilidad financiera y la insuficiencia de las medidas gubernamentales orientadas a contener tales fenómenos, resultan cada vez más claros los barruntos de riesgo para la economía nacional en el corto y mediano plazos. En las recientes evaluaciones de la junta de gobierno del Banco de México –según consta en minutas– el consenso general dentro de ese órgano es que la amenaza de un estancamiento ha ido en aumento. El propio gobernador de esa entidad, Agustín Carstens, dijo hace unos días que las expectativas de crecimiento para el año próximo son sumamente bajas y el cuadro de malos augurios se complementa con la decisión adoptada ayer por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados de ajustar a la baja las expectativas para 2012, de 3.5 a 3.3 por ciento del producto interno bruto.

Este conjunto de expresiones y expectativas contraviene las posturas y discursos tranquilizadores que han caracterizado a los encargados del manejo económico del país ante los indicios de lo que parece ser, en el mejor de los casos, una desaceleración mundial. Pero el problema no es sólo el discurso –a final de cuentas, lanzar voces de calma podría ser visto incluso como una tarea de los responsables de la conducción del país–, sino su concreción en un comportamiento cuando menos indolente de las autoridades ante las señales de alerta. Ello se expresa, por ejemplo, en la reiterada resistencia oficial a intervenir ante el retroceso del peso mexicano en su cotización frente al dólar, y en la postura de que es mejor esperar a que se asiente el polvo –por usar una expresión empleada por el propio Carstens– para que recupere valor: tal actitud podrá resultar comprensible en la lógica del libre cambio implantada en México como correlato monetario del libre mercado, pero pasa por alto los desajustes severos que genera la pérdida de terreno frente al dólar: aumento en insumos y productos importados, inflación y afectaciones para los bolsillos de la mayoría de la población.

Más allá de las omisiones e inconsecuencias en temas coyunturales, el previsible empeoramiento del panorama exhibe falta de responsabilidad en la conducción económica por parte del gobierno federal, el cual no ha sido capaz de superar el estado de precariedad en que se encuentra la nación: por el contrario, y a pesar de la manifiesta bancarrota en que se colocó el modelo neoliberal a raíz de la crisis de hace tres años, la actual administración ha decidido preservarlo y profundizarlo mediante renovados intentos por privatizar la propiedad pública y la continuidad de una política fiscal injusta, regresiva y, para colmo, contraria a la salud de las arcas públicas: un botón de muestra es el desplome de más de 62 mil millones de pesos en los ingresos tributarios no petroleros al tercer trimestre del año, según el informe sobre finanzas y deuda pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, difundido ayer.

Hoy, el país sigue echando de menos acciones concretas para revertir la vasta dependencia que México acusa con respecto a la nación vecina, para emprender la siempre postergada reactivación y fortalecimiento del mercado interno, para garantizar el manejo eficiente del gasto público y la aplicación rigurosa del cobro de impuestos a las grandes fortunas y para proteger la economía de los más desprotegidos, que son quienes, por elementales razones, sufren en mayor escala las consecuencias de los ciclos de desaceleración y recesión. En tal circunstancia, es inevitable concluir que el injustificado optimismo de las autoridades ante la realidad económica es reflejo de una lamentable falta de rumbo en la materia.