os acentos agrios caracterizaron el encuentro entre el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, y los gobernadores del país, en la sesión del Consejo de Seguridad Pública, efectuada ayer en Palacio Nacional. Tras años de un discurso oficial caracterizado –y criticado– por una proyección a largo plazo de la mortífera estrategia gubernamental contra la delincuencia organizada, el político michoacano ha empezado a emitir expresiones de prisa en el desarrollo de esa estrategia, expresiones transformadas, en esta ocasión, en abiertos reclamos a los ejecutivos estatales por la tardanza en la aplicación de exámenes de confianza a los integrantes de las corporaciones policiales locales. Estos reclamos, con independencia de su pertinencia operativa, resultaron poco plausibles, por su tono, en la lógica del federalismo, y, en lugar de consolidar un ambiente de colaboración entre los distintos niveles de gobierno tienden a enrarecerlo.

No cabe dudar de la penetración de la delincuencia en las corporaciones policiales, de la descomposición alcanzada por éstas ni de la lentitud –si no es que falta de voluntad– de los gobiernos estatales para depurarlas. Sin embargo, los vicios señalados no son exclusivos de las policías estatales y municipales, como reconoció ayer el propio Calderón, al referirse al México real de asaltos y violaciones cometidos por los propios policías, estatales o federales, admisión que, por cierto, niega los optimistas escenarios descritos en la propaganda gubernamental.

En otro sentido, es reprochable la improvisación con que la autoridad federal echó a andar la estrategia en curso de combate a la delincuencia organizada: si, como el propio Calderón sostuvo ayer, muchos delincuentes están metidos a la policía y están protegidos por la policía, y si la problemática en seguridad va a seguir y va a crecer a menos que se logre disponer de cuerpos policiales confiables, cabe preguntarse por qué no se emprendió la depuración correspondiente antes de lanzar una guerra frontal contra los estamentos más poderosos y violentos de la criminalidad. Han pasado casi cinco años desde que comenzaron las espectaculares movilizaciones armadas, pero apenas en 2008 se dio fundamento legal a la aplicación de pruebas de control de confianza a los efectivos policiales; por lo demás, en los tres años transcurridos desde entonces, ni las autoridades estatales ni las federales han sido capaces de llevar a término esa tarea y, por lo expuesto ayer en el Consejo de Seguridad Pública, está en duda que lo consigan a mediano plazo.

Desde diciembre de 2006 la violencia y la capacidad de fuego de la delincuencia organizada, lejos de amainar, se han multiplicado; se evidencia la falta de preparación y confiabilidad de las corporaciones de seguridad y, lo más grave, se han perdido decenas de miles de vidas, diversas ciudades y regiones han escapado a toda forma de control institucional y se ha lesionado gravemente la soberanía nacional. Tal vez si se hubiera empezado por la depuración y profesionalización de los cuerpos policiales, en el contexto de una estrategia integral de seguridad, los resultados serían menos malos. Hoy, la conversión de los exámenes de confianza en piedra angular y decisiva del triunfo o del fracaso en el combate a la delincuencia parece prefigurar un nuevo curso de acción estrecho, insuficiente y tardío.

Otro indicador de la imprevisión y descoordinación imperantes es que no hay una idea clara sobre qué hacer con los efectivos policiales que no aprueban los exámenes de confianza. Dijo Calderón ayer que ese tema es una preocupación para todos, para la que hay que buscar alternativas, habida cuenta de que el destino más probable para un agente despedido por no ser confiable se encuentra en las filas de la delincuencia. Parece difícil de creer que, a estas alturas, las autoridades carezcan de una propuesta de solución para este delicado asunto.

No menos preocupante es el reconocimiento, por el titular del Ejecutivo federal, de que los ciudadanos que recurren a la denuncia ante las corporaciones de seguridad corren el grave peligro de dirigirse, sin saberlo, a servidores públicos que son cómplices de la delincuencia. Tal admisión descalifica las insistentes campañas publicitarias impulsadas por el propio gobierno federal para instar a la ciudadanía a que ponga en conocimiento de las instituciones policiales acciones o situaciones delictivas de las que se ha sido víctima o testigo.

Para finalizar, dan motivos para la alarma las palabras de Calderón de que viene una crisis de seguridad, cuando buena parte de la población percibe que esa crisis es una realidad desde hace varios años en el país. Y, ante lo dicho ayer en Palacio Nacional, es inevitable concluir que la falta de una política de seguridad pública clara y estructurada se ha traducido en resultados trágicos y en la configuración de una de las etapas más inciertas, sombrías y desesperanzadoras de la historia nacional.