El sector agropecuario mexicano se estancó y prácticamente no ha crecido en lo que va del sexenio calderonista (PIB agropecuario y forestal: 0.5 por ciento y PIB agrícola: -0.7 por ciento promedio anual), y este gobierno está condenando al sector a seguir en esta misma ruta, ya que el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2012 que se envió a la Cámara de Diputados castiga severa e inexplicablemente el gasto rural, al disminuirle 35 mil millones de pesos con relación al  aprobado en 2011.

En contraste, el gobierno solicita un aumento de 200 mil millones de pesos al gasto neto total de la federación, señalaron dirigentes del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc) en conferencia de prensa. Sostuvieron que no obstante que el país enfrenta una crisis alimentaria, social, ambiental y de seguridad social, sin precedente, la propuesta presidencial busca reducir 11.6 por ciento el presupuesto rural para el próximo año.

Isabel Cruz, de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS); Víctor Suárez, de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), y Alejandro Cruz, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), entre otros, señalaron que es inentendible e inaceptable que el Ejecutivo federal, además de pretender castigar al campo reduciéndole el presupuesto, lo haga en los rubros vinculados al desarrollo productivo.

Señalaron que además el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) está orientado y concentrado en apoyar a una minoría de grandes productores de riego y agrocorporaciones, mientras distribuyen migajas asistencialistas a la mayoría de los pequeños y medianos productores, así como a comunidades rurales marginales y de desarrollo intermedio del resto del país, por lo que se ha convertido en un instrumento para la desigualdad y la dependencia alimentaria.

Para el Conoc, la propuesta presidencial de PEC 2012 es absolutamente inaceptable y debe ser modificada a fondo por la Cámara de Diputados, ya que pretende disminuir en 56.6 por ciento la vertiente financiera de este programa; en cambio, el presidente Calderón se propone aumentar los montos presupuestales para los programas asistencialistas y de uso político-electoral, así como a los rubros de seguridad (Ejército, Marina, SSP, PGR, etcétera). Exhortó a las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados, en especial a las de oposición, a asumir sus atribuciones y responsabilidades para modificar el presupuesto con cambios a este programa, no solo en los montos sino, sobre todo, en una nueva orientación.