El Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) ordenó al Instituto Electoral local (IEDF) pronunciarse sobre la posible violación del artículo134 constitucional que prohíbe a los servidores públicos hacer promoción personalizada de su imagen, en la que estarían incurriendo algunos funcionarios del gobierno capitalino con sus promocionales y de ser así, determinar si es procedente aplicar como medida cautelar la suspensión de dicha publicidad.

En sesión pública, el pleno del TEDF ordenó también al instituto revisar su normatividad interna relativa a la aplicación de medidas cautelares, a fin de que los acuerdos sobre su procedencia o no se dicten a la mayor brevedad.

El proyecto, elaborado por la ponencia del magistrado Darío Velasco Gutiérrez, en el juicio promovido por la diputada federal Gabriela Cuevas contra la negativa de la comisión permanente de asociaciones políticas del IEDF a ordenar la medida cautelar, obtuvo el voto a favor del presidente del tribunal, Adolfo Riva Palacio, no así de los magistrados Armando Maitret, Aidé Macedo y Alejandro Delint, quienes lo hicieron en contra por diferencias en algunas de las consideraciones del proyecto, aun cuanto estaban de acuerdo en los resolutivos.

La queja de Cuevas Barrón ante el IEDF se refiere a los promocionales de los secretarios de Educación, Mario Delgado Carrillo; Turismo, Alejandro Rojas Días Durán; Trabajo y Fomento al Empleo, Benito Mirón, y de Desarrollo Económico, Laura Velázquez Alzúa, por actos anticipados, y la petición de que en tanto se resuelve de fondo el caso se ordene, como medida cautelar, el retiro de dicha propaganda.

El IEDF tiene un plazo de 72 horas, a partir de que se notifique la sentencia, para que la citada comisión de asociaciones políticas dicte un nuevo acuerdo sobre el otorgamiento de las medidas cautelares, a partir de la posible transgresión a lo dispuesto por el artículo 134 constitucional.

Durante la sesión, Riva Palacio emitió un pronunciamiento en el que hace un llamado a los partidos políticos, quienes son los que fijan las reglas del proceso electoral mediante las leyes, a que las cumplan aunque a veces no satisfagan a sus intereses.