os señalamientos formulados por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, durante su participación en la cumbre del G-20 en Cannes, en el sentido de relacionar la corrupción y la falta de transparencia con el incremento en las deudas de los estados –en alusión apenas velada al caso de Coahuila durante la gestión de Humberto Moreira–, levantaron ámpula en las fracciones legislativas del PRI: ayer, en San Lázaro, diputados del tricolor calificaron los dichos presidenciales como una estrategia de lodo y sostuvieron que la administración calderonista es de los gobiernos con mayor opacidad. En el mismo contexto pueden inscribirse las críticas realizadas ayer por el senador priísta Manlio Fabio Beltrones a la política exterior de la actual administración, a la que calificó, con un tono desusadamente crítico, de poco clara y entreguista.

Por lo que hace a las declaraciones realizadas por Calderón Hinojosa hace unas semanas a The New York Times, en las que se dijo preocupado de que sectores del priísmo decidan pactar con narcotraficantes, cabe recordar que tales dichos han venido configurando un frente adicional de choque político entre el jefe del Ejecutivo y las elites priístas: con ese telón de fondo, las segundas presentaron ante el IFE una queja contra el primero por intromisión en las campañas electorales, la cual, por cierto, parece encaminada a no prosperar, según se desprende del proyecto elaborado por la secretaría general de ese instituto.

De esa forma, los componentes de la clase política que integraron, durante los pasados cinco años, una alianza política de facto se enfrascan ahora en una espiral de confrontación que gira formalmente sobre distintos temas, sin duda relevantes –seguridad, transparencia y rendición de cuentas e incluso política exterior–, pero cuyo fondo es inocultablemente electoral. En tal dinámica, resulta prácticamente imposible saber hasta qué punto los señalamientos de Calderón y de los legisladores priístas obedecen a una preocupación genuina por el endeudamiento y la salud de las finanzas de las entidades; por la vigencia del estado de derecho o la soberanía nacional, o por la proyección internacional de nuestro país ante el mundo, y hasta qué punto son resultado de un cálculo político que busca posiciones favorables de cara a la última cita electoral de este año –los comicios estatales a celebrarse en Michoacán–, y sobre todo con miras a las votaciones federales del año entrante.

A contrapelo de los llamados recurrentes de los actores políticos a salvaguardar el orden institucional y a apegarse a las reglas del juego democrático, el fuego cruzado actual entre priístas y el gobierno federal panista se ha caracterizado por el encono en los ataques, por pronunciamientos públicos que encajan en la categoría de propaganda sucia y por el empleo de asuntos sumamente sensibles y hasta dolorosos para los ciudadanos comunes como munición para el intercambio de acusaciones.

Tales rasgos prefiguran el tenor que pudiera tener la contienda político-electoral en los meses siguientes y ello abre una perspectiva preocupante: con el telón de fondo de una institucionalidad política mucho más debilitada que en 2006; en un contexto caracterizado por la corrupción y la falta de transparencia en las oficinas públicas de todos los niveles, y con el marco de una violencia desbordada y una soberanía recurrentemente vulnerada con el consentimiento de las autoridades nacionales, el empleo de esos temas con fines de mero golpeteo político, lejos de aportarle credibilidad a las vías electorales y a las instituciones, erosionarán mucha de la que les quede y abonarán, a no dudarlo, al hartazgo y la desconfianza de la ciudadanía respecto de sus representantes y sus gobernantes. Sobre advertencia no hay engaño.