n el contexto de la reunión del G-20, cuyas actividades terminaron ayer, el llamado Consejo Pontificio de Justicia y Paz del Vaticano (CPJyP) emitió el pasado 25 de octubre una significativa nota que lleva por título Por una reforma del sistema financiero internacional, en la prospectiva de una autoridad pública con competencia universal. En ella coincide, por lo menos en parte, y probablemente de manera fortuita, con el documento que hace unas semanas firmó un grupo de importantes intelectuales, entre los que se encuentran Noam Chomsky, Eduardo Galeano y Naomy Klein, en el que, frente a la globalización neoliberal –excluyente y desigual–, y los actores políticos –cooptados y comprados por la banca privada y las corporaciones multinacionales–, exigen una democracia global, un gobierno global del pueblo y para el pueblo, así como un cambio de régimen, un cambio de régimen global, que asegure al mismo tiempo la unidad en la diversidad de la humanidad (cfr. La Jornada, 16 de octubre, p. 4). Con palabras de la activista Vandana Shiva, exigen también el remplazo del G-8 por la humanidad completa; es decir, el G-7 millones.

Desde su perspectiva antropológica y ética, fundamentada en la dignidad del ser humano y el bien común de la humanidad, así como en el derecho fundamental de los pueblos para actuar según sus más altas aspiraciones, frente a las desigualdades del sistema económico actual, el CPJyP propone también la instalación solidaria y paulatina por todos los países de una autoridad política mundial que se haga cargo de las cuestiones globales que hoy afectan y ponen en riesgo el futuro de la humanidad, y subsidiariamente regule conforme a derecho el sistema bancario y financiero internacional, para hacer posible el desarrollo de todos los pueblos y repartir equitativamente los costos de la crisis.

Entre las primeras señala la paz y la seguridad, el desarme y el control de armamentos, la promoción y tutela de los derechos humanos fundamentales, el gobierno de la economía y las políticas de desarrollo, la gestión de los flujos migratorios, la seguridad alimentaria y la tutela del medio ambiente, entre otros. Y de conformidad con su opción correctiva del sistema, entre las segundas subraya sobre todo la promoción de sistemas monetarios y financieros eficientes y eficaces; es decir, mercados libres y estables, disciplinados por un marco jurídico adecuado, y funcionales al desarrollo sostenible y al progreso social de todos.

Ajenos por lo mismo a medidas comerciales proteccionistas, gravando capitales especulativos, controlando el crédito y las inversiones bancarias, y condicionando, entre otras cosas, la recapitalización de los bancos, incluso con fondos públicos, a comportamientos virtuosos y orientados a desarrollar la economía real. A lo que habría que añadir la eliminación de los monopolios internacionales de los bancos.

En su nota, el CPJyP señala también las insuficiencias estructurales del G-20, y propone un cambio cualitativo de las instituciones y los foros formales hoy existentes. En la presentación que el secretario del CPJyP hizo de la nota el pasado 24 de octubre en la sala de prensa del Vaticano, expresó que había que renovarlas todas, incluso la ONU y las instituciones de Bretton Woods, en particular el Fondo Monetario Internacional, que de acuerdo con la nota ha perdido su carácter esencial para la estabilidad de las finanzas mundiales; es decir, el de reglamentar la creación global de moneda y velar sobre el monto de riesgo del crédito asumido por el sistema.

Para monseñor Mario Toso la ampliación actual del G-7 en G-20, configurado incluso según otras modalidades, que involucran mayormente a los países con más población, en vías de desarrollo y emergentes en la orientación que hay que dar a la economía y a las finanzas globales, no coincide todavía con todo lo que se requiere, pues se trata aún de una solución insatisfactoria e inadecuada.

En efecto, afirmó literalmente en esa conferencia de prensa, a pesar de los cambios en su composición y funcionamiento, el G-20 no responde plenamente a la lógica de las Naciones Unidas, como debiera ser. Además, los estados que lo integran, entre ellos México, no pueden considerarse representativos de todos los pueblos. Se trata incluso de un foro informal y limitado, que conforme se amplía muestra que pierde eficacia.

Por ello, en el estado actual de las cosas, el G-20 carece de legitimidad y de un mandato político por parte de la comunidad internacional, que corre además el riesgo de deslegitimar o sustituirse de hecho a las instituciones internacionales –como el Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial– que, aunque necesitados de profundas reformas; sin embargo, parecen en parte representar de manera institucional a todos los países, y no únicamente a un número restringido de ellos.

A todo lo cual tendríamos que agregar nosotros la imparcialidad de dicho foro para resolver los problemas económicos y financieros que hoy afligen a toda la humanidad, pues como acabamos de verlo en Cannes, son los bancos y las corporaciones privadas quienes patrocinan su realización y compran con dinero, proveniente incluso de los fondos públicos con los que los han rescatado, asientos para cabildear con los gobiernos en su exclusivo provecho. Por lo que, como dijeron los líderes del G-20 en la declaración final de Pittsburgh en 2009, urge contar con un pensamiento político más adecuado, y meterle mano a la reforma de la arquitectura global, para hacerle frente a las exigencias impostergables de la humanidad.