Monterrey, NL. Sin funcionarios públicos detenidos, sin peritajes concluyentes, sin detenciones de los dueños, sin arrestar a los grandes jefes del crimen organizado, sin desvelar los nombres de los operadores; a más de dos meses de uno de los mayores ataques contra la población civil perpetrado en México, las víctimas del casino Royale siguen en espera de justicia.

No hay justicia para vivos, ni para muertos, dice con tono de amargura Baldemar Villarreal, padre de dos trabajadores del casino Royale que lograron salvarse. Y lanza una frase lapidaria para rematar: La justicia en México es letra muerta.

Los familiares de las 52 víctimas de la casa de apuestas y los 180 trabajadores que laboraban en el casino Royale han visto con desolación la opacidad en las investigaciones sobre las responsabilidades de miembros de Protección Civil de Nuevo León que cubrieron el ataque, los enredos entre municipio, estado y Federación sobre los peritajes del siniestro, la protección a Raúl Rocha Cantú, dueño del negocio, la ocultación del resto de los propietarios, el manejo turbio para encubrir y proteger a funcionarios implicados de los tres niveles de gobierno, la inacción del gobierno federal para atraer por completo el caso y la falta de apoyo gubernamental a las víctimas para solventar las consecuencias de la tragedia.

También han visto con escepticismo la detención de 17 presuntos implicados, la mayoría de ellos jóvenes y menores de edad que son presentados como cabecillas de Los Zetas y en muchos casos ni siquiera forman parte de la lista revelada por la Procuraduría General de la República de 18 presuntos culpables de la masacre, de los cuales sólo se ha detenido a ocho personas.

Y finalmente han asistido al bochornoso espectáculo de impunidad ofrecido por autoridades policiacas y judiciales en torno a la protección de Jonás Larrazabal –hermano del alcalde panista de Monterrey–, Fernando Larrazabal; a quien se exhibió como extorsionador de varios casinos y está detenido bajo condiciones de privilegio y por cargos menores a los hechos, mientras el edil regiomontano es sostenido en su puesto por su partido y sin ser molestado por las autoridades correspondientes.

Todo ha sido una burla, la justicia nunca llegará, de eso estamos seguros, dice con desánimo María Teresa Salazar Ibarra, madre de un escolta del casino y esposa de un guardia de seguridad de la misma casa de apuestas.

Tapar el sol con un dedo

Afuera del casino Royale siguen llegando flores frescas. Los familiares y amigos de las víctimas mortales se reúnen con regularidad para orar por sus seres queridos y para seguir exigiendo justicia a autoridades de los tres niveles de gobierno. Colocan veladoras, mantas con las fotografías de los fallecidos: Te amamos por siempre: tu esposa y tus hijos.

Ante la falta de justicia, la sospecha y la simulación, los familiares han depositado su confianza en la religión y celebran misas y reuniones para rezar. Han colocado imágenes de la Virgen de Guadalupe y también de Jesucristo con una leyenda que dice: Jesús, en ti confío.

Samara Pérez Muñiz, madre de Brad Xavier Muraira Pérez, de 18 años, fue testigo de la rapiña de las autoridades judiciales de Nuevo León luego del ataque, ya que al entregarle las pertenencias de su hijo, se quedaron con la cartera. Ahora observa nuevamente la impunidad: Nos interesa que se castigue no sólo a quienes vinieron a quemar el lugar, sino a las autoridades que permitieron que este casino estuviera funcionando. Hay autoridades de la Secretaría de Gobernación, autoridades estatales y locales, hay muchos responsables por acción y omisión que no han sido detenidos.

En días recientes los familiares de las víctimas acudieron nuevamente al lugar para colocar un altar con 52 cruces que llevan inscrito el nombre de cada una de las personas que murieron en el ataque. Otra manta fue colocada en el exterior del casino: Señor Presidente: le pedimos que honre su palabra: caiga quien caiga.

Raúl Carlos Cavazos, hijo de Aída Cavazos, de 62 años, que murió en el atentado, es contundente: Es un llamado que hacemos a las autoridades para que asuman sus responsabilidades y nos permitan a los ciudadanos que estamos sufriendo aún esta pérdida, que podamos tener justicia y paz.

Unidos por la tragedia, los familiares coinciden en señalar que los tres niveles de gobierno se lanzan la pelotita para que no se detenga a ningún funcionario público implicado en el caso Royale y solicitaron la creación de un programa de atención a víctimas, que finalmente haga realidad los apoyos económicos funerarios, las becas educativas o la prometida ayuda sicológica.

A los trabajadores del casino tampoco se les ha hecho justicia. Karla Iveth Villarreal Niño, de 34 años, laboraba en el área de monitores y su hermano, Raúl Fernando, de 30 años, en seguridad; ambos recibieron solamente mil 600 pesos de indemnización: No se justifica lo poquito que les dieron y eso que ellos recibieron más, a otros sólo les dieron 400 o 100 pesos. Una vil burla. La justicia en este caso no tiene ni pies ni cabeza, está ciega por completo. El dueño sigue libre. Todos sabemos que los culpables son los que dieron la firma para abrir el casino, pero todos le quieren echar tierra a la tragedia y lo que siempre hacen: agachar la cabeza, y como el muerto no declara... Todos merecen justicia, no sólo los muertos, también los vivos, dice el taxista Baldemar Villarreal, de 58 años, padre de ambos trabajadores del Royale.

¿Por qué no le escarban al papá del gobernador?

Karla Iveth fue una de las rescatadas por otro de los trabajadores que sabía de antemano que en el casino las puertas de emergencia estaban clausuradas o eran falsas. Lo más triste para ellos fue ver cómo morían sus compañeros y los clientes. Por eso nos indigna que ahora las autoridades estén enmascarando cosas para proteger a los culpables. A ellos nadie les va a hacer nada, son gente del poder. ¿Quién está detrás del casino Royale y de todos los demás? ¿Quiénes les dieron los permisos? Nos siguen echando mentiras. Es aberrante. ¿Por qué no le escarban tantito al papá del gobernador Rodrigo Medina?.

Los deudos de las víctimas han visto también con indignación cómo el único dueño visible del casino, Raúl Rocha Cantú, huyó a Miami y hasta allí fue entrevistado por la PGR en lugar de ser detenido. Cuestionan que siga libre y que las autoridades le hayan permitido desmantelar las oficinas del casino ubicadas en la Torre América para rescatar computadoras y expedientes con toda la información de la operación de su casa de apuestas: A él nunca lo van a detener, es gente del poder; prestanombres de gente del gobierno, los dueños de los casinos son el poder por el poder, dice otro familiar.

La expedición de permisos de casinos sigue siendo la gran asignatura a resolver en el entramado de la procuración de justicia. A la clausura definitiva del casino Royale le sigue ahora la apertura de siete nuevas casas de apuestas, incluso algunas bajo la misma casa operadora del casino propiedad de Rocha Cantú, aunque la mayoría de los nuevos negocios están vinculados a Juan José Rojas Cardona, conocido mejor como el zar de los casinos.

En el ámbito judicial tampoco ha habido justicia, ni siquiera la suspensión de los implicados en la maraña de corrupción gubernamental que cubre al casino Royale. La presidenta del Tribunal Contencioso Administrativo, Juana María Treviño, que dio las resoluciones en favor de la casa de apuestas atacada para que siguiera funcionando, ha dicho que ella no es culpable del ataque: Nosotros no tuvimos nada qué ver.

De visita en Monterrey, Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acusó a los municipios de solapar a los casinos por corrupción, negligencia o falta de capacidad y pidió que se deslinden de una vez las responsabilidades en cada una de las esferas de competencia que permitieron la operación del Royale.

A más de dos meses del ataque, el peritaje a cargo de la procuradora Marisela Morales aún no ha sido entregado, por lo tanto, aún no se sabe las condiciones que tenía el inmueble cuando fue atacado.

Durante la conferencia de prensa para dar a conocer la detención de Jesús Rafael Torres Bautista, El Colitas, de 18 años, presunto jefe zeta, y de cuatro menores de 15, 16 y 17 años, implicados en el ataque al casino Royale, el gobernador Rodrigo Medina a pregunta expresa de La Jornada defendió la actuación de su gobierno y dijo que la percepción de impunidad en este caso es producto de los medios de comunicación:Es importante que los medios nos ayuden a que haya una percepción objetiva. La responsabilidad nuestra es dar con los culpables y lo estamos haciendo... los dictámenes periciales se están llevando a cabo y se va a llegar a una conclusión y si hay autoridades responsables se va a castigar, tiene que concluir el dictamen. No se resuelve de la noche a la mañana.

A más de dos meses de la tragedia y visto lo hecho, María Teresa Salazar Ibarra, madre de un guardia de seguridad del casino Royale, piensa lo contrario: No habrá justicia, hay muchos intereses.