La Comisión de Seguridad Pública del Senado analiza el punto de acuerdo presentado por senadores del PRD para que se emita una condena por la agresión cometida por elementos y mandos de la policía municipal de Ciudad Juárez en contra de manifestantes, el pasado día primero.

Los senadores perredistas Francisco Javier Castellón Fonseca, José Luis García Zalvidea y Carlos Sotelo, además del pevemista René Arce, propusieron al pleno que la cámara exija al gobernador de Chihuahua, y al presidente municipal de Ciudad Juárez ordenar a los funcionarios e instancias correspondientes tomar las medidas necesarias para garantizar de manera inmediata la seguridad e integridad física y sicológica, así como la libertad de las 29 personas detenidas arbitrariamente por elementos de la policía municipal de Juárez.

De igual forma los senadores demandan al gobernador de Chihuahua que a través de la Fiscalía General de la entidad, se realice una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las detenciones arbitrarias, golpes y agresiones en contra de manifestantes y reporteros, garantizando que los resultados de la investigación se hagan del conocimiento público y los elementos y mandos responsables de los hechos sean llevados ante la justicia.

Además, los proponentes solicitan que el Senado haga un llamado al gobernador del estado y al presidente municipal de Ciudad Juárez, a fin de garantizar la libertad de expresión, de manifestación y de protesta en ejercicio de sus respectivas administraciones.

Los senadores expusieron en su punto de acuerdo que el primero de noviembre, aproximadamente a las 18 horas en la intersección de la avenida López Mateos y Paseo Triunfo de la República, de Ciudad Juárez, Chihuahua, “más de 150 elementos de la policía municipal, portando armas largas, muchos de ellos con el rostro cubierto, de los distritos de Chihuahua, Babícora y Universidad, (bajo el) mando del secretario de Seguridad Pública municipal, teniente coronel, Julián Leyzaola Pérez, y de la directora de Tránsito, Maris Domínguez, detuvieron de forma arbitraria, con golpes y agresiones a 15 manifestantes, entre ellos varias adolescentes y adultos mayores que realizaban una marcha por la paz.

En esos mismos hechos también fueron golpeados y despojados de sus cámaras e instrumentos de trabajo varios periodistas y reporteros gráficos que daban cubertura a la manifestación.

Recordaron los legisladores que el teniente coronel Leyzaola enfrentó denuncias por tortura, cometida en el año 2010, cuando fue funcionario del gobierno de Baja California, por lo que la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California le giró la recomendación 6/10.