De los 132 programas sociales que reciben subsidios o los bienes federales, al menos 70 tienen problemas de opacidad para valorar su rentabilidad social. De ellos, 31, que representan 23 por ciento, no reportan ningún avance en sus indicadores, ya sea a la Cuenta Pública 2010 o en los informes trimestrales al Congreso, según un informe de la organización Gestión Social y Cooperación (Gesoc), que fue entregado a legisladores del PAN.

En total se encontrarían involucrados alrededor de 90 mil millones de pesos en esta condición, dijo Alejandro González, director de Gesoc, quien consideró que si bien no existen elementos para asegurarlo, son recursos que potencialmente podrían tener uso electoral, de ahí la necesidad de que el Congreso haga transparente su ejercicio. Indicó que en su informe se analizaron diversos programas y se definieron categorías que van desde caja negra –por su falta de transparencia– hasta programas de alta rentabilidad social, como Oportunidades.

Del análisis se desprenden también programas que se consideran de baja rentabilidad social, pues se caracterizan por reportar avances mediocres en el cumplimiento de metas y bajos niveles de cobertura de su población potencialmente beneficiaria, como es el caso del Programa de Empleo Temporal, el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, el Programa de Escuela Segura o el Programa de Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria.

En contraste, entre los programas de Nivel de Rentabilidad Social Óptimo, destacan Oportunidades, el Seguro Médico para una Nueva Generación, el Programa de Becas, el Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural. Sin embargo, Gesoc cuestiona que en el proyecto de presupuesto –que ya de por sí reduce de 340 mil millones de pesos a 322 mil millones de pesos el gasto social–, se reduce sólo 4 por ciento a los programas de la caja negra, pero sí 20 por ciento a los del nivel Óptimo.

A la reunión asistieron el vicecoordinador de Asuntos Económicos del PAN, Luis Enrique Mercado, quien planteó que hay avances importantes en acuerdos generales de asignación presupuestal, y que se discuten formas para destinar los 58 mil millones de pesos extra que aprobó el Senado. En el encuentro, diversas organizaciones sociales demandaron mayores controles de los programas sociales para asegurar su utilidad social y que no se dilapiden recursos.

Mercado hizo mención de la Comisión Nacional del Deporte, que tiene una partida de 600 millones de pesos que no tienen asignados expresamente la población beneficiada ni qué alcances tienen los programas que sólo se identifican como de respaldo deportivo.