La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha sido ineludiblemente omisa en materia de transparencia y acceso a la información, ya que de 77 denuncias que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ha interpuesto –de 2004 a la fecha– contra funcionarios que han negado información gubernamental, en 47 casos cerró las investigaciones por falta de elementos, 21 asuntos siguen en investigación y sólo nueve concluyeron con sanción.

Aun cuando se solicitó a la SFP información sobre el tema, omitió dar respuesta a La Jornada. El área de comunicación social se limitó a señalar que se buscarían los datos y que el 3 de noviembre pasado el titular de la dependencia, Salvador Vega, ya había hecho declaraciones respecto de las sanciones.

De la información obtenida se tomaron las siguientes respuestas que la SFP registró como causales del cierre de las indagatorias: nadie está obligado a lo imposible; las facultades de la autoridad prescribieron; cerrado como incumplimiento, y se determinó el archivo del expediente por no encontrar elementos para presumir responsabilidad administrativa, por citar algunos.

Los casos por los cuales el Ifai interpuso las denuncias no son menores. Muchos de ellos son de trascendencia nacional por el contenido de los documentos y relevancia de la información requerida por la ciudadanía. Pese a ello, se concluyó que no procedía algún procedimiento de sanción por falta de elementos.

Algunos ejemplos ilustran lo anterior. En 2008 se requirió a la Procuraduría General de la República (PGR) el expediente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) relativa a la campaña política de Amigos de Fox.

Las averiguaciones previas contra Vicente Fox (aunque sobre el mismo caso hay otro más en investigación), Carlos Ahumada Kurtz, los hermanos Bribiesca, Santiago Creel Miranda, la relacionada con el conflicto entre la Comisión Federal Electoral, Televisa y Producciones Ruiz Healy, y de la Presidencia de la República sobre los gastos de los viajes de Marta Sahagún a Washington y Perú; de la masacre en El Charco, Guerrero, en 1998, de 11 indígenas, no han tenido respuesta.

También, se descartó alguna sanción por parte de la SFP a funcionarios de la PGR por la negativa a entregar información sobre el pliego consignatario de la averiguación previa del caso El Halconazo, así como de la indagatoria contra el general Jesús Gutiérrez Rebollo, del fideicomiso constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la transición de la administración pública en 2000, de los viajes internacionales y nacionales que realizó Eduardo Medina Mora como titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) y otros.

Continúan en proceso de investigación, por parte de la SFP, aun cuando datan de antes de 2008, negativas de entrega sobre la averiguaciones de la PGR contra Elba Esther Gordillo (solicitadas por La Jornada y otros), Manuel Bartlett Díaz y Creel Miranda; número de casas de seguridad y gastos de manutención en testigos protegidos; del accidente del helicóptero Bell en que perdió la vida el ex secretario de SSP federal; Ramón Martín Huerta; de los créditos cancelados del Servicio de Administración Tributaria por 74 mil millones de pesos; de la indagatoria relacionada con Ricardo Trejo y Miguel Ambriz, altos mandos de Seguridad Pública en Jalisco, e incluso del fideicomiso Proméxico, cuya documentación sobre erogaciones se negó al Ifai.

De las sanciones impuestas a los funcionarios públicos que no entregaron la información, sobresalen correctivos como amonestación privada o pública, y suspensión del empleo por periodos que van de 15 días a un año.

Sólo en un caso se sancionó con destitución e inhabilitación por 10 años al funcionario Édgar Zeferino Serva Vega, en 2007, luego de que un año antes negó información de los documentos en que se sustentaron las declaraciones sobre el accidente del helicóptero de la SSP en que perdió la vida Martín Huerta.