En la Cámara de Senadores se discute la propuesta del presidente Felipe Calderón de reformar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para establecer en el país tanto operaciones similares a Rápido y furioso como agentes encubiertos que permitirían la distribución vigilada de drogas, armas, bienes y recursos de procedencia ilegal, dentro del territorio, con el fin de tratar de ubicar a las bandas del narcotráfico y otros grupos criminales.

Es la mejor forma de crear legalmente un estado delincuencial para combatir la delincuencia, advirtió el perredista Pablo Gómez. Dijo que Calderón propone crear una especie de agente 007 con licencia para matar.

Ello en referencia a que esa reforma permite la infiltración de agentes encubiertos en organizaciones criminales, que serán policías en función de investigación de delitos y que, según expresó el senador Gómez, pueden cometer cualquier delito y estar de antemano eximidos de cualquier responsabilidad.

La propuesta de operaciones encubiertas como Rápido y furioso y de agentes infiltrados se encuentra en el artículo 27 bis, del capítulo cuarto de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, titulado De las medidas cautelares y de las técnicas especiales de investigación

En éste se establece que habrá entregas vigiladas consistentes en la identificación y, en su caso, la intercepción en tránsito de bienes o recursos que sean objeto, instrumento o producto del delito, a efecto de retirarlos o sustituirlos, total o parcialmente, según sea el caso, para luego permitir, bajo vigilancia, su envío, distribución o transportación dentro del territorio nacional.

El objetivo, se detalla, es investigar los delitos del crimen organizado, así como identificar y, en su caso, detener, con el empleo de los avances tecnológicos necesarios, a las personas u organizaciones involucradas en la comisión de delitos”.

El senador Gómez consideró que se pretende reditar operativos como Rápido y furioso, que tantas protestas han generado por la violación de la soberanía nacional y por haber permitido la entrada de miles de armas de alto poder que quedaron en manos de las bandas del narcotráfico.

En el mismo artículo 27 bis se detalla que en el caso de entregas vigiladas y de operaciones encubiertas, los agentes del Ministerio Público encargados de la investigación respectiva, previa autorización del titular de la Procuraduría General de la República, podrán posponer el aseguramiento de bienes o recursos o la detención de probables responsables, con el propósito de identificar a miembros de la delincuencia organizada.

Los agentes infiltrados contarán con identidad falsa y podrán hacer uso de cuentas u operaciones del sistema financiero o adquirir y transportar los objetos, instrumentos o productos del delito y, en su momento, ponerlos a disposición del Ministerio Público, según se establece en el artículo 27.

Los agentes infiltrados podrán requerir a las autoridades administrativas y entidades paraestatales de los tres órdenes de gobierno, que presten la colaboración más eficaz para efectos de la ejecución de las entregas vigiladas u operaciones encubiertas.

¿Es válido que la autoridad tenga permiso para combatir el delito violando la ley, cometiendo delitos, es válido en una república democrática?, preguntó el senador Gómez en el pleno del Senado, el jueves pasado, cuando se discutió una condena al operativo Rápido y furioso.

En entrevista, destacó que el Senado no puede aprobar esa iniciativa de Calderón, que rompe con el marco jurídico, al legalizar que agentes policiacos dejen pasar cualquier hecho ilícito, no sólo tráfico de armas, sino también de drogas y cualquier otro hecho ilícito dentro del concepto de delincuencia organizada.

Los cambios a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada forman parte de un paquete de modificaciones llamado “miscelánea penal“, que el Ejecutivo remitió al Senado el 31 de agosto del año pasado, junto con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos Ilícitos.

Esta última, mejor conocida como ley contra el lavado de dinero, se aprobó ya en el Senado el pasado mes de abril, pero está detenida en la Cámara de Diputados.

El PRD se ha opuesto a que se dictamine la miscelánea penal, mientras no se apruebe la minuta sobre lavado de dinero en San Lázaro, pero el presidente de la Comisión de Justicia insiste en que avancen en la discusión y que él ya tiene un proyecto de dictamen.