Mediante una operación fraudulenta que causó quebranto al erario por 439 mil dólares, cuatro ex funcionarios de Pemex Petroquímica (PPQ) adquirieron tubos aletados a más del doble del costo real, lo cual representó una erogación de recursos públicos por 868 mil dólares, cuando el precio de mercado era de 429 mil dólares.

La transacción estuvo a cargo del ex subgerente de adquisiciones de esa paraestatal, Carlos Reyes Osorio; el superintendente de mantenimiento del complejo petroquímico Pajaritos (CPP), Edilberto Ulloa Castillejos; el jefe de departamento de mantenimiento de la planta Derivados Clorados II/III del CPP, Luis Aldán Uscanga, y el ex superintendente de recursos materiales del CPP, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, según una indagatoria realizada por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Estos ex funcionarios suscribieron un contrato con la empresa Atos Tecnología por 867 mil 609.68 dólares, cuando el intermediario, AMR Industria, compró los tubos al fabricante a un precio de 429 mil 60 dólares.

Las irregularidades se registraron en 2008, cuando el dólar costaba 13.77 pesos en promedio, pero los resultados de la indagatoria son recientes, según la SFP.

De acuerdo con los resultados de la auditoría de la SFP, se omitió realizar la convocatoria a licitación y se adjudicó en forma directa el contrato de compraventa a Atos, la cual se ostentó como distribuidora exclusiva de ese producto.

En la operación de compra de tubos aletados esa empresa presentó tres certificados (de origen, garantía y calidad de bienes) con la firma del fabricante original.

Cuando se hizo la compulsa para verificar la autenticidad de la documentación, ésta fue desconocida por el verdadero fabricante, así como la firma del supuesto gerente de calidad.

A su vez, la superintendencia de mantenimiento elaboró un documento de justificación para la adjudicación directa, y acreditó a Atos Tecnología como distribuidor exclusivo del fabricante original.

En la investigación se descubrió que mientras Reyes Osorio elaboró una carta de intención sin respetar el procedimiento de autorización del comité de adquisiciones en PPQ, Ulloa Castillejos simuló un estudio de mercado en que hizo coincidir el precio estimado de los bienes (de más de 867 mil dólares) con la justificación, que indicaba que no era necesaria la convocatoria para la licitación.

La SFP multó a Atos Tecnología con un millón 183 mil 275 pesos, además de inhabilitarla durante tres años y nueve meses, periodo en el cual no puede ser proveedor del gobierno federal.

A los ex funcionarios les aplicaron las siguientes sanciones: a Reyes, Ulloa y Aldán Uscanga, destitución e inhabilitación por 10 años, cada uno; en ese lapso no podrán ocupar cualquier cargo público en el gobierno federal. Al ex superintendente de recursos materiales se le suspendió un año.