l juez federal Felipe Consuelo Soto, encargado del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, resolvió ayer aplazar, al primero de febrero de 2012, la fecha de quiebra de la aerolínea –la cual vencía la medianoche de ayer–, luego que detectó una inconsistencia en el conteo realizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sobre una prórroga al periodo de conciliación, emitida en marzo pasado. Por su parte, el empresario Iván Barona, quien en fechas recientes se ha colocado como el prospecto más viable para capitalizar la aerolínea, informó ayer mismo que desde el pasado 13 de noviembre comenzó la transferencia de 400 millones de dólares destinados al rescate de Mexicana, proceso que podría concluir hoy.

La prórroga para lograr el salvamento de la empresa y el inicio de la transferencia de fondos para su recapitalización ocurren con el telón de fondo de diversos señalamientos sobre la conducta de la SCT en las negociaciones de rescate de la compañía: la semana pasada, el propio juez Consuelo Soto denunció trato hostil del director de Asuntos Jurídicos de la dependencia, Adolfo Sánchez Henkel, en contra del propio Barona durante las reuniones realizadas en la sede de la secretaría. En ese mismo documento, el magistrado hizo referencia a intereses siniestros de las aerolíneas beneficiadas con la salida de Mexicana del mercado del transporte aéreo, y afirmó que algunos empresarios han sido amenazados para que no inviertan en la línea aérea, porque nunca les iban a dejar volar, situación que explicaría el retiro de la oferta presentada por el grupo Med Atlántica. El lunes, el sindicato de trabajadores en tierra de Mexicana denunció que el propio Sánchez Henkel había solicitado al Consejo de la Judicatura la remoción del referido juez, en represalia por haber ventilado las citadas irregularidades.

Al margen de que se complete la transferencia de recursos económicos para el rescate de Mexicana, se fortalecen los indicios de que el principal obstáculo para la reanudación de sus operaciones no es la falta de inversionistas, sino el accionar poco transparente del gobierno federal por conducto de la SCT. El pretendido interés de las autoridades calderonistas en que la empresa aeronáutica vuelva a volar cuanto antes es desmentido por la reducción injustificada de los plazos legales para llevar a cabo el rescate, por exigencias discrecionales a los potenciales inversionistas –como el requisito de entregar un millón de dólares a la secretaría en garantía de seriedad–, y por la intención de remover, a 14 meses de iniciado el concurso mercantil, al juez encargado de ese proceso jurídico-administrativo.

La actitud asumida hasta ahora por las autoridades federales ha operado, en suma, como disuasivo para los múltiples grupos de inversionistas que han manifestado interés en la empresa aeronáutica, y ha terminado por beneficiar y fortalecer a sus competidoras nacionales y a los consorcios aéreos extranjeros. En contraste, a más de un año del quebranto de la compañía, el saldo ha sido devastador para los más de 8 mil trabajadores de Mexicana –privados durante todo este tiempo de un ingreso fijo–; para el conjunto de los usuarios de líneas aéreas, que han padecido el encarecimiento de 40 por ciento en promedio en el costo de los boletos de avión, y para la economía nacional, en la medida en que el cese de operaciones de la aerolínea ha representado la disminución del flujo de divisas y un retroceso en la presencia de México en diversos aeropuertos internacionales.

Si el gobierno se ha negado en múltiples ocasiones a rescatar Mexicana con dinero público, lo menos que cabría esperar es que, dentro del marco de la ley, otorgara todas las facilidades y apoyos a los inversionistas privados interesados en sacar adelante a la aerolínea. En cambio, la actitud asumida hasta ahora por la SCT hace sospechar que la quiebra de la empresa no es necesariamente un escenario indeseable para la actual administración y cabe preguntarse si ello es reflejo de la indolencia característica del actual gobierno, si es producto de una claudicación ante presiones empresariales o de una confabulación entre intereses particulares y funcionarios de la administración pública.