El decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2012 conjunta una serie de postulados, candados e impedimentos legales para evitar que los recursos públicos sean utilizados –por los gobiernos federal y estatales– en tareas electorales durante la contienda del próximo año.

El artículo segundo del documento incluye la determinación del Congreso federal de aprobar un monto superior a 59 mil 015 millones de pesos al presupuesto original enviado por Felipe Calderón, por lo que el gasto total ascenderá a 3 billones 706 mil 922 millones de pesos.

A esto se suma la modificación en 0.2 por ciento del déficit presupuestario, lo que contribuye a preservar la sustentabilidad de las finanzas públicas y evitar una pérdida de confianza en la economía nacional.

El texto pretende acortar los márgenes de discrecionalidad en la aplicación y control de los recursos públicos. Para el caso se regularán los subejercicios para reasignarlos a los programas y proyectos sugeridos en el decreto. También las economías generadas por las instituciones públicas se canalizarán a los proyectos productivos.

Modificaciones semánticas

Los diputados introdujeron modificaciones semánticas al texto, pues cambiaron el término productividad por la expresión eficacia y eficiencia, atribuidos más a la actividad de la administración pública.

Se establece la prohibición a las dependencias y entidades para que no otorguen ningún estímulo, pago o compensación especial a los servidores públicos con motivo del término de la presente administración. La misma prohibición se fija a los poderes Legislativo y Judicial, así como a los órganos autónomos para no otorgar ningún pago de este tipo a los servidores públicos con motivo del término de su encargo.

Se asignan recursos para el manejo directo de las entidades federativas del presupuesto asignado al fondo Pyme, para aplicarlos directamente a los proyectos que decidan cada uno de los subcomités técnicos estatales, fondos y fideicomisos o mecanismos similares que en cada entidad existan.

En el tema de los derechos humanos, la Cámara de Diputados determinó que al aumentarse consistentemente el monto para el Programa Nacional de Seguridad Pública durante los últimos cinco años, los canalizados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son muy bajos, no obstante que el incremento de las acciones en materia de seguridad pública incide en el aumento a las denuncias de las violaciones a las garantías básicas.

Una vez que se aprobó la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la posibilidad de incidir en ese ámbito con un mayor monto de recursos fue expuesta por el Poder Legislativo. Éste señala que es necesario fortalecer a la CNDH con recursos presupuestales suficientes para el cumplimiento de su importante labor.

Ello exige que las instancias protectoras de derechos humanos cuenten con recursos materiales y financieros que permitan la atención de un creciente número de denuncias por posibles violaciones, así como contar con el personal suficiente y capacitado para la investigación de las quejas y para otorgar el apoyo que requieren las víctimas de esos delitos.