Durante su comparecencia ante diputados federales, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, escuchó críticas de los legisladores de PRI y PT por la disminución de los operativos contra la piratería, porque sólo cuatro de cada 10 detenidos por delincuencia organizada son consignados ante un juez y porque han descendido los niveles de decomiso de droga.

En tanto, la funcionaria señaló que como parte del combate al tráfico de armas se solicitó la extradición de dos ciudadanos de Estados Unidos, otros dos están encarcelados y existen seis casos de asistencia para que se actúe contra habitantes del país vecino por adquirir pertrechos que luego entregaron a grupos del crimen organizado en territorio mexicano.

Estoy convencida de que un paso importante para inhibir la introducción de armas clandestinas de grupos delictivos a México es castigando a quienes se prestan a comprarlas para actividades criminales sin importar dónde las efectúen. El concepto es sencillo: los ciudadanos o residentes estadunidenses tienen el libre derecho de comprar las armas que su ley les permite, pero México, como Estado soberano, tiene la libertad de castigar a quienes violen su ley al introducir armas a su territorio.

Después señaló que, en caso de ser necesario, se solicitará que funcionarios del gobierno de Estados Unidos declaren ante autoridades mexicanas sobre la operación Rápido y furioso, y agregó que hasta el momento no se tiene prueba alguna de que funcionarios nacionales hayan sido informados de la introducción vigilada de armas al país. Afirmó que la PGR investigará ese operativo hasta sus últimas consecuencias.

Exigen petistas juicio político

Diputados del PT solicitaron que se inicie juicio político contra la procuradora, porque fue informada por el jefe de la Oficina para el Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estadunidense (ATF, por sus siglas en inglés) en México, Carlos Canino, de la operacion Rápido y furioso, y declaró ante el Congreso de su país que le había avisado a Morales Ibáñez porque es una aliada de Estados Unidos.

Por otra parte, la procuradora reveló a los diputados que la PGR obtuvo 28 órdenes de aprehensión por la comisión de delincuencia organizada contra igual número de implicados en el atentado contra el casino Royale, perpetrado el pasado 25 de agosto en Monterrey, Nuevo León, que dejó 52 personas muertas, y anunció que la dependencia creará un área de investigación en materia de revisión contable para detectar casos de lavado de dinero.

Durante el encuentro, el priísta Humberto Benítez Treviño manifestó a la procuradora que su comparecencia se realizó en medio de “un reclamo generalizado del pueblo de México por la falta de seguridad pública, por la carencia de justicia eficaz, pronta y expedita, y por el incremento alarmante de la impunidad, que genera más delincuencia y menos seguridad. El orden jurídico de este país –agregó– está resquebrajado por la realidad. Tenemos que volver a plantear el círculo armónico de la justicia, que se inicie con una verdadera prevención del delito, con el fomento a los valores axiológicos en la familia, que es la célula nuclear de la sociedad. Una procuración de justicia confiable, enérgica, eficaz”.

Morales Ibañez reconoció que la PGR está viviendo la profesionalización de fiscales, policías y peritos, atendiendo un sistema de carrera con procedimientos de certificación de competencias y de control de confianza para mejorar los controles del personal con la depuración de los malos elementos y poniendo sanciones ejemplares a quienes se unan a la delincuencia. El propósito es consolidarla en una institución eficaz y confiable que responda a la sociedad, para lo cual se ha emprendido un firme proceso de depuración institucional, con el objetivo de combatir de manera frontal la corrupción y la impunidad, y se comprometió a que todos los servidores de la PGR estarán evaluados en 2012.

La diputada priísta Juanita Arcelia Cruz Cruz señaló que no debe olvidarse el uso político que la PGR ha tenido en casos como la solicitud de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, el michoacanazo y la detención de Greg Sánchez, ex alcade de Cancún, porque muestran una falta de estrategia para enfrentar a la delincuencia organizada.

La legisladora panista Sonia Mendoza Díaz señaló que su bancada está dispuesta a aprobar la reforma que envíe el Poder Ejecutivo para combatir la delincuencia; mientras el priísta Arturo Zamora Jiménez le pidió que dejen de seguir culpando de los errores y fracasos en los programas de combate al delito y la delincuencia organizada a los partidos que estamos en el Legislativo. Recordó que la PGR tiene 18 mil averiguaciones previas rezagadas y que sólo cuatro de cada 10 detenidos por delincuencia organizada son consignados.

El petista Mario di Costanzo le preguntó sobre las investigaciones de lo ocurrido en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, donde perdieron la vida 49 menores y más de cien resultaron heridos, por los delitos presuntamente cometidos por Juan Molinar Horcasitas en la llamada licitación 21 y las líneas de investigación que sigue la PGR sobre el percance en que fallecieron ocho personas, etre ellas el secretario de Gobernación, Francisxo Blake Mora, pues agentes federales detuvieron a un tuitero para interrogarlo, al parecer sin orden de localización y presentación. El diputado consideró que la procuradora no respondió a ninguno de sus cuestionamientos.