Guanajuato, Gto., 17 de noviembre. El Poder Judicial de la Federación otorgó un amparo para que se reponga el proceso penal que el gobierno de Guerrero sigue contra la indígena Virginia Cruz Flores, encarcelada desde hace casi tres años por presunto homicidio en razón de parentesco, derivado de un aborto espontáneo que tuvo en 2006, informó Silvia Castillo Salgado, directora del Instituto Guerrerense de Derechos Humanos.

Castillo Salgado visitó a Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres, de Guanajuato, para pedirle apoyo a fin de gestionar jurídica y socialmente la liberación inmediata de la indígena nahua del municipio de Huamuxtitlán, Guerrero.

La acusada no habla ni entiende español, y por la pobreza en que vivía no tuvo acceso a servicios de salud, situación que originó que en 2006 sufriera un aborto de un producto de siete meses de gestación, recordó.

En 2009 fue detenida sin orden de aprehensión. Las pruebas que presentó el Ministerio Público al juez fueron obtenidas luego de un cateo ilegal en el domicilio de Virginia.

El agente del Ministerio Público no proporcionó traductor ni defensor a Virginia. Después de que fue internada en el penal de Tlapa, el juez penal tardó siete meses en definir su situación jurídica, lo que violó sus derechos constitucionales, narró.

Dijo que el lunes pasado el Poder Judicial de la Federación otorgó un amparo para que se reponga el proceso penal y se dicte sentencia, pues en los peritajes realizados al producto nunca se definió la causa de la muerte.

La justicia se ensaña con las más pobres y las indígenas

El amparo se derivó de las violaciones cometidas contra Virginia, al no comprobarse el delito, aportar pruebas obtenidas ilegalmente y enjuiciar sin traductor. Además, el principal testimonio para inculparla fue el de su hijo de cuatro años, quien fue golpeado por su tía para declarar, enumeró.

Silvia Castillo y Verónica Cruz exigieron que se emita sentencia absolutoria para que se libere de inmediato a Cruz Flores.

Los casos de Guanajuato destaparon una cloaca de lo que pasa en todo el país. Vemos cómo (los gobiernos) criminalizan a las mujeres cuando sufren un aborto. La justicia se ensaña, sobre todo con las más pobres y las indígenas, concluyó.

El Instituto Guerrerense de Derechos Humanos también lleva el caso de la indígena nahua Adriana Manzanares Cayetano, sentenciada a 22 años de prisión por abortar, pero acusada de homicidio en razón de parentesco.