l firmar el acta de entrega-recepción del despacho de Bucareli, el nuevo secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, definió sus prioridades de trabajo para, ha de entenderse, lo que resta de la administración encabezada por Felipe Calderón: impedir la incursión del narcotráfico en los procesos electorales e impulsar las grandes reformas que el país necesita.

Habida cuenta de los anteriores puestos ocupados por Poiré –secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y, posteriormente, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen–, la primera de sus prioridades en la conducción de la política interna sugiere que al Palacio de Covián retornarán las funciones policiales y represivas discretas, como las que ejerció la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) y que solían ser caracterizadas como los sótanos del sistema político. En las dos últimas décadas la SG fue liberada de funciones que fueron ubicadas en otras dependencias, para concentrarse en la coordinación y la concertación políticas, tan necesarias para el país actual, entre partidos, poderes y niveles de gobierno, pero también en la interlocución con organizaciones sociales. Sería una regresión lamentable que se reincorporase al principal puesto del gabinete atribuciones policiales que difícilmente armonizan con la resolución de conflictos por medio de la negociación.

Otro dato de contexto insoslayable es la forma en que las dos administraciones federales panistas –la de Vicente Fox y la de Calderón– han utilizado a las instancias jurídicas y policiales para criminalizar a opositores individuales o colectivos. Tales fueron los casos, por citar sólo dos, del improcedente juicio de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador cuando éste se desempeñaba como jefe del gobierno capitalino y, años más tarde, del llamado michoacanazo, una persecución contra una treintena de funcionarios y representantes populares michoacanos, surgidos en su mayor parte de la oposición, cuya única motivación visible –ya que el gobierno federal no pudo probar delito alguno contra ellos– habría sido de índole política.

Con esos antecedentes, el anuncio de Poiré de que impedirá la infiltración de la delincuencia organizada en los procesos electorales deja un margen de ambigüedad que obliga a preguntarse si no se recurrirá, de nueva cuenta, y desde la máxima coordinación de la política interna, a un empleo faccioso y electorero de la fuerza del Estado en contra de disidentes y opositores políticos y sociales.

En otro sentido, las reformas que el país necesita referidas por el nuevo secretario de Gobernación son, en clave neoliberal y calderonista, los también denominados ajustes estructurales y las regresiones en materia de garantías y derechos individuales: la privatización parcial o total de las industrias petrolera y eléctrica y la anulación de derechos laborales, por una parte, y la imposición de códigos y leyes que otorguen a la autoridad potestades especiales o excepcionales para pasar por encima de las garantías individuales.

Lo que el país necesita con urgencia en el momento actual no es una nueva extensión de las potestades policiales y parapoliciales ni una nueva embestida antipopular y antinacional, sino capacidad de interlocución, diálogo y solución política a confrontaciones y fracturas que, de persistir, podrían generar un ambiente de desintegración nacional.