En los dos años recientes, la mayor parte de los jueces y magistrados federales con sede en la ciudad de Toluca, estado de México, que resuelven asuntos penales han redoblado su seguridad personal mediante el servicio de escoltas y vehículos blindados que les asigna el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), revelaron fuentes judiciales.

Hasta febrero de 2009 había ocho funcionarios de juzgados o tribunales del estado de México que recibían ese tipo de protección, pero hasta septiembre pasado se había incrementado a 17 jueces y secretarios de acuerdos que tienen custodia.

El pasado sábado fue encontrado el cadáver de María Angélica Muñoz Hernández, secretaria del cuarto tribunal unitario –con sede en Toluca–, quien fue asesinada ese día en el municipio de Lerma, según información de la judicatura.

Fuentes del órgano de vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación detallaron que la funcionaria presentaba un solo impacto de bala en la nuca.

El 27 de febrero, Miguel Aguilar López, titular de un tribunal unitario penal, reveló que varios de sus colegas jueces y magistrados federales tienen miedo de que los mate el crimen organizado.

Entre nosotros hay temor de que pronto se empiece a matar a jueces y magistrados, pues ya ha habido magistrados muertos en Mazatlán, cuyas investigaciones nunca terminaron; también un juez federal en Toluca fue muerto y (el acusado) absuelto, ¿qué está pasando?, expresó durante una ponencia académica.

Los casos que cuestionó Aguilar son los de Benito Andrade y Jesús Alberto Ayala, magistrados federales ejecutados el 11 de noviembre de 2001, en Mazatlán, y el de René Hilario Nieto, juez federal asesinado el 17 de agosto de 2006, en Toluca.

Las plazas donde los jueces y magistrados reciben el mayor número de amenazas de muerte están en los estados de México, Jalisco y Tamaulipas, donde tienen su sede los penales de máxima seguridad y en los que se desahogan procesos por delincuencia organizada y delitos contra la salud.