omo se ha expuesto en entregas anteriores, la despenalización de los estupefacientes ahora ilícitos obligaría a un proceso de pacificación negociada con las organizaciones del narcotráfico más poderosas, y la desaparición total o parcial de los monumentales recursos que esta actividad inyecta en las finanzas mundiales impulsaría una nueva crisis económica o –depende de cómo se vea– empeoraría la ya existente. Los gobiernos involucrados no serán tan ingenuos o tan ignorantes como para desconocer esta perspectiva, y es probable que el temor a desatar una nueva crisis sea una de las consideraciones –además de moralinas medievales y de complicidades con el negocio– que los llevan a mantener, contra viento y marea, una estrategia antidrogas que no tiene la menor posibilidad de éxito.

¿La paz bien vale una crisis? No, seguramente, a juicio de las industrias de la guerra y anexas: la de armamento, pero también la de servicios de seguridad e inteligencia, la de infraestructura (por aquello de ulteriores reconstrucciones de países previamente destruidos) y otras que también hacen pingües negocios en los conflictos bélicos: la farmacéutica, la de alimentos, la textil... El problema es que al amparo de las guerras actuales se realizan monumentales traslados de riqueza pública a unas cuantas corporaciones (como lo demuestra el enorme boquete que dejó George W. Bush en el tesoro de Estados Unidos para pagar las facturas de sus socios y amigos que le brindaron bienes y servicios para la invasión y destrucción de Irak) y que eso, lejos de reactivar economías, termina por hundirlas más en circunstancias recesivas que, a su vez, suelen ser provisionalmente superadas mediante una nueva confrontación armada. En esta lógica, es probable que México y Centroamérica hayan sido escogidos como el siguiente eslabón del ciclo, una vez agotados los conflictos en Irak y en Afganistán.

A lo que puede verse, no hay la menor disposición, entre la clase política estadunidense, para abandonar el círculo vicioso, pero Washington podría verse forzado a ello por una iniciativa audaz por parte de un gobierno mexicano dispuesto a atacar de raíz el problema del narcotráfico.

Suele argumentarse que la despenalización, además de improcedente y peligrosa por razones de salud y de seguridad públicas (ya examinadas anteriormente), sería imposible, dada la oposición estadunidense. Si ese argumento fuera tan indiscutible y aplastante como parece, no habría habido Revolución Rusa, Lázaro Cárdenas no habría podido expropiar el petróleo, Vietnam no habría ganado la guerra y François Mitterrand no habría llegado nunca al Palacio del Eliseo, entre otros muchísimos sucesos que ocurrieron contra la voluntad de Estados Unidos.

La soberanía se defiende ejerciéndola. El paso audaz tendría que partir de un presidente de México, sin que importe su ideología. Habría podido darlo Vicente Fox, por ejemplo, si hubiese tenido mínima madera de estadista, o Miguel de la Madrid, si no hubiera desempeñado el cargo en forma tan pusilánime. Un Presidente, pues, pide la comunicación telefónica con la Casa Blanca y le dice a boca de jarro a su contraparte:

–Señor presidente, vamos a despenalizar las drogas.

Tras aguantar el silencio incómodo y estupefacto del otro lado, y luego una retahíla de amenazas poco veladas, el mandatario mexicano tendrá que exponer con comedimiento, pero con firmeza:

–Haga usted lo que considere conveniente. Yo me limitaré a resumirle las posibilidades: o nos invaden, o rompen relaciones diplomáticas y comerciales con nosotros, y nos someten a embargos, bloqueos y sanciones económicas, o se resignan a colaborar con nosotros para minimizar la crisis económica que se nos viene encima.

El gobierno de Estados Unidos, por más que exhiba una adicción –un poco real y un poco ficticia– a las guerras, no puede invadir México. No es que se lo prohíba una pulsión ética o legal, sino que, simplemente, carece de las condiciones estratégicas y logísticas para emprender semejante aventura. El control militar de Irak resultó un espejismo inalcanzable y nuestro país tiene el cuádruple de población y casi cinco veces más territorio que esa nación árabe. Lo que sí podría hacer Washington sería desestabilizar (tiene vasta experiencia en ello), propiciar enfrentamientos internos e imponer a un gobierno pelele. Pero, un momento: es eso exactamente lo que ha venido haciendo desde 2006, hasta el punto de que México ya está desestabilizado, las autoridades nacionales operan en función de los intereses del gobierno vecino y el país está sumido en la guerra. Así que piensen en otra respuesta.

Estados Unidos tampoco puede romper relaciones comerciales y cerrar la frontera común porque, con ello, colapsaría de inmediato su propia economía: imagínense los alteros de exportaciones gringas que se quedarían en el lado norte de la demarcación, por no hablar de los incontables productos estadunidenses, ensamblados en México, que permanecerían de este lado. Sólo por decir algo.

Es probable que la Casa Blanca y el Capitolio hicieran el berrinche de su vida, pero éste es uno de los pocos terrenos en los que no podrían hacer mucho más que eso.

Hasta ahora, el narcotráfico ha sido una debilidad y una desventaja para México, que en su combate pierde decenas de miles de vidas, centenares de pueblos y decenas de instituciones, y una fortaleza para Washington, que con esa coartada puede ampliar sus márgenes de injerencia, hacer grandes negocios y dotar a sus circuitos financieros con un flujo casi inagotable de recursos monetarios. La despenalización unilateral implicaría invertir bruscamente esa desigualdad e impulsar una medida análoga en Estados Unidos.

Al carajo con la hipocresía: la única explicación posible al hecho de que la guerra en torno al narcotráfico no se ha extendido a territorio estadunidense es que allá no se persigue tal actividad, aunque se jure y se aparente lo contrario. Una de las cosas más cínicas de cuantas han sido dichas en el actual contexto por las autoridades de Estados Unidos es que los narcos les temen, y que por eso se portan bien al norte del río Bravo, y procuran no derramar sangre. El corolario inevitable es que las policías estadunidenses los dejan en paz, en premio a su buen comportamiento, y les permiten dedicarse a su negocio principal.

Si México despenaliza, coloca a Washington ante la disyuntiva de despenalizar, a su vez, o atestiguar el traslado, a su territorio, de la guerra que se ha venido librando en el nuestro. Pero la regla de oro es que los conflictos armados son oportunidad para grandes negocios, a condición de que se desarrollen en otros países.

Para terminar: ¿se acabaría la delincuencia con la despenalización de las drogas? Por supuesto que no. La delincuencia no se va a acabar con nada. El propósito de abolir el prohibicionismo es eliminar el narcotráfico, restituir el estado de derecho y acabar con organizaciones que están derrotando al Estado y a sus instituciones. Sin ellas, la delincuencia se reducirá a un problema de seguridad pública, dejará de ser guerra, y volverá a ser un problema policial.

Con esto terminan las notas dedicadas aquí, desde el pasado 20 de octubre, a explorar esa perspectiva de solución al conflicto del narcotráfico.

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