Setenta y cinco por ciento del efectivo que circula en México es producto del lavado de dinero, aseguró el diputado federal Mario di Costanzo; sostuvo que ese delito no sólo está relacionado con operaciones ligadas al narcotráfico, sino con desvío de recursos públicos.

Al participar en el seminario Información pública y poderes fácticos, titulada Poderes fácticos, lavado de dinero y transparencia, el legislador petista señaló que cifras de organismos como el Fondo Monetario Internacional y la Agencia Antigrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) advierten que en el país se lavan cada año entre 25 mil y 45 mil millones de dólares.

Poniendo una media, hablaríamos de 35 mil millones de dólares, equivalentes a 75 por ciento del dinero que circula hoy. Es difícil imaginar que haya transacciones limpias en cualquier operación económica (como la compra de un automóvil) cuando hay 75 por ciento de probabilidad de que se esté usando dinero sucio.

Ante académicos y estudiantes que asistieron al seminario organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, celebrado en la Coordinación de Humanidades, Di Costanzo subrayó que la ley nacional para evitar el lavado es mala y ambigua, y permite que las autoridades ejerzan con absoluta discrecionalidad la persecución y sanción a este ilícito.

Por ejemplo, agregó, entre 2006 y 2011 sólo se han emitido 25 sentencias por lavado de dinero. “¿Cómo es posible que en la guerra (contra el narco) que ha dejado 50 mil muertos y miles de desaparecidos, únicamente tengamos 25 sentencias –de las cuales ocho casos fueron en flagrancia– por este delito?” Pero lo más grave, subrayó, es que las autoridades no investiguen para hallar las redes y complicidades en estos casos.

Criticó que tras cinco años de una estrategia armada contra la delincuencia organizada, el presidente Felipe Calderón responda con el envío al Congreso de una iniciativa de ley contra el lavado de dinero que sólo limita las operaciones financieras en efectivo, cuando hay instrumentos financieros más sofisticados.

El diputado perredista Pablo Gómez criticó el proyecto de ley sobre lavado de dinero del Ejecutivo, porque evita combatir ese delito en esferas públicas. Delincuencia organizada es terrorismo, piratería, secuestro, extorsión y narcotráfico, pero también que los servidores públicos se roben el dinero de los contribuyentes y eso no está ahí. No es considerado delincuencia organizada y lo es, pues para hacer esas cosas se requiere de un nivel de organización que permita disponer de recursos que una sola persona no podría disponer. Para que el dinero público pueda salir de las tesorerías hay que realizar una operación ilícita y sobre esto no hay propuesta alguna del Ejecutivo y el Congreso no ha avanzado.

Indicó que no se quiere otorgar capacidad de ejercer acción penal a la Auditoría Superior de la Federación ni se hace el intento por dar autonomía a las procuradurías (federal y estatales), por lo que el lavado de dinero producto de delitos contra la hacienda pública seguirá presentándose sin que haya forma de investigarlo.