Empresarios de Nuevo León denunciaron ante el gobernador del estado, Rodrigo Medina de la Cruz, las amenazas y actos de extorsión de que son objeto los propietarios de pequeñas y medianas empresas (Pymes) por miembros del crimen organizado.

En una reunión privada, el presidente de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra), Eugenio Clariond Rangel, afirmó que la creciente inseguridad mantiene en la indefensión y desesperación a los hombres de negocios.

Explicó que los dueños de las micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen 98 por ciento de los socios, son las más expuestas a las extorsiones y amenazas de la delincuencia.

No obstante, reconoció que el Ejército, la Policía Federal y los gobiernos estatal y de algunos municipios de la zona metropolitana de Monterrey han actuado para hacer frente al problema.

Destacó que el envío de elementos de las fuerzas federales ha permitido conocer el nivel de infiltración del hampa en los cuerpos policiacos de Nuevo León.

Los empresarios neoleoneses pidieron que los candidatos a puestos de elección popular en 2012 fortalezcan la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad en México.

En tanto, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) estatal, Alfonso Garza Garza, señaló la urgencia de que en el próximo año se continúe la cruzada nacional contra la corrupción y la impunidad.

Por otra parte, 13 policías municipales de Cadereyta y 11 de Montemorelos, detenidos el mes pasado en operativos castrenses, fueron consignados ante un juez penal por su presunta relación con bandas delictivas.

Mientras, dos ex agentes de Monterrey que realizaban labores de halconeo a favor de un grupo delictivo fueron detenidos por policías preventivos de San Nicolás de los Garza, y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes por los delitos que les resulten.

Por otro lado, José María Cantú, secretario de Seguridad Pública del municipio de Apodaca, causó baja en la corporación debido a que no pasó las pruebas de control de confianza.

En Torreón, Coahuila, Jesús Camacho Sosa, agente del Ministerio Público Federal, fue ultimado a balazos en las inmediaciones del edificio de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR).

El funcionario salió de la dependencia para comprar un refresco en un centro de conveniencia cuando fue acribillado por un comando. En menos de 10 días han sido ejecutados tres servidores públicos de la PGR en esa ciudad.

Otras 16 personas fueron ultimadas ayer o sus cuerpos localizados: seis, en Chihuahua (entre ellos el agente municipal de Ciudad Juárez Mario Puentes y el empresario Cornelio Avilés), cuatro en Guerrero, cuatro en el estado de México y dos en Sinaloa.

En Tijuana, Baja California, policías locales capturaron a cuatro sujetos que presuntamente participaron en el asesinato del jefe policiaco del distrito de Los Pinos, Margarito Saldaña, su esposa y su hija menor de edad, hace tres años.

En Morelos, el secretario y el subsecretario de Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y Rescate del municipio de Jiutepec, Manuel Maya y Gerardo Calderón, respectivamente, fueron destituidos de sus cargos por no aprobar los exámenes de control y confianza que les practicó la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

En tanto, durante un operativo en el municipio de Tula, Hidalgo, agentes estatales detuvieron a cinco presuntos operadores de Los Zetas. Se presume que dos de ellos están implicados en la explosión del coche bomba ocurrida a principios de este año, donde perdió la vida el comandante Víctor Peña.