Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, manifestó su repudio a los gobierno federal y de Sonora tras el asesinato y criminalización de Nepomuceno Moreno Muñoz, pidió garantías para los familiares del activista fallecido y para los líderes de su agrupación, y exigió la renuncia del procurador sonorense, Abel Murrieta Gutiérrez.

Lo terrible del acontecimiento es que fue la crónica de un asesinato anunciado, como fue el caso de Marisela Escobedo, dijo en conferencia prensa de última hora, en el contexto de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Jalisco.

Anunció que los integrantes del movimiento llegarán a acuerdos para reanudar las marchas y recorridos por el país, además de que exigirán plazos mucho más perentorios para que las autoridades den respuesta, lo que sólo se logrará con una mayor capacidad de indignación de los ciudadanos.

Por menos que esto, un país más digno estaría todos los días en la calle, pero necesitamos recuperar que lo que le sucede a uno, aunque no sea de nuestra familia, nos sucede a nosotros. Es una afrenta a cada mexicano y mientras no comprendamos eso va a ser muy difícil. No debemos permitir la normalización del horror o de la impunidad, agregó.

Visiblemente consternado, Sicilia señaló que a pesar de lo ocurrido, el movimiento seguirá dialogando con el gobierno, pues la otra vía serían los chingadazos, cuando ya van al menos 50 mil asesinatos en este sexenio, lo que restaría fuerza a la palabra, única vía civilizada en medio de la barbarie que vive el país.

“Tenemos que ser mucho más perentorios, darle más fuerza a nuestra capacidad de indignación y de no aceptación. Y a veces decir ‘no’ es salir a las calles, ocupar con nuestros cuerpos los espacios que nos corresponden. No hemos aprendido que juntos somos mucho más fuertes que cualquiera de ellos”, dijo.

Pidió que el procurador de Sonora sea separado del cargo, pues su declaración al criminalizar al activista fue como garantizar a los delincuentes que pueden seguir asesinando con total impunidad.

Criminalización ignominiosa

En la ciudad de México, Pietro Ameglio, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, responsabilizó a los gobiernos federal y estatal por el asesinato de Moreno, por haberse negado a brindarle medidas cautelares, y exigió la renuncia de Murrieta, quien se ha dedicado a criminalizar al activista, al insistir que una de las líneas de investigación es el de los supuestos vínculos que tenía el fallecido con grupos de la delincuencia organizada, cuando ese cargo fue desestimado en su momento.

En conferencia de prensa, señaló que el funcionario ha estado rascándole a su pasado de manera fascista e ignominiosa. Es más que indigno, porque han citado una acusación de 2005 que resultó ser falsa. Si el gobernador y el procurador no son capaces de asegurar la vida de sus ciudadanos y cuidar a las víctimas, los emplazamos a presentar su renuncia.

Nepo, como le llamaban sus amigos, incluso le entregó a Felipe Calderón una denuncia sobre la desaparición de su hijo Jorge Mario Moreno León, ocurrida el primero de julio de 2010, supuestamente por policías municipales o estatales, y aunque el mandatario ordenó que se le protegiera por las amenazas de muerte que había recibido, unos meses más tarde las balas fueron la respuesta a su amor de padre y a su reclamo de justicia, lamentó Ameglio.

El asesinato de Nepo, recordó, se suma al de Pedro Leyva, también activista del movimiento, quien fue ejecutado el 7 de octubre en la comunidad indígena de Ostula, en Michoacán. Todo eso da un mensaje de tremenda violencia e impunidad total para cualquiera que ataque a quienes trabajan por la paz, pero no va a hacer que nos rindamos ante la barbarie.

Ayer, una comisión de activistas y familiares de Moreno se reunieron con el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, a quien solicitaron les brinde protección, esclarezca el homicidio y castigue a los responsables. En caso de que el funcionario no dé resultados en un tiempo pertinente, Ameglio anunció que realizarán acciones de presión ante la sede del gobierno estatal.