La ejecución de Nepomuceno Moreno, perpetrada este lunes en Hermosillo, Sonora, se suma a otros homicidios de padres de familia que han perdido la vida en su afán por encontrar a sus hijos o lograr que se haga justicia por el asesinato de algún familiar.

En el último año hubo dos casos emblemáticos: el de Marisela Escobedo, ocurrido en Chihuahua, por exigir justicia en el caso del homicidio de su hija Rubí, y el del empresario Leopoldo Valenzuela, quien buscaba a su hijo, del mismo nombre, que fue secuestrado en Durango.

Hasta ahora no se han aclarado los delitos y prevalece la impunidad. Moreno Muñoz fue ejecutado la tarde del lunes en Hermosillo tras recibir amenazas de muerte por investigar sobre la desaparición de su hijo, Jorge Mario Moreno, y hacer señalamientos sobre la presunta vinculación de policías en el secuestro.

El común denominador de estas tres ejecuciones es que los padres se involucraron en forma abierta en las investigaciones y en los tres casos habían conseguido información fundamental para el esclarecimiento de los hechos denunciados, en la que se desprende la presunta complicidad de autoridades policiacas o judiciales.

Marisela Escobedo fue asesinada a las puertas del palacio de gobierno de Chihuahua cuando intentaba poner una manta de protesta por la impunidad en el asesinato de su hija Rubí, de 16 años, en 2008, por su pareja Sergio Rafael Barraza, quien fue absuelto a pesar de que reconoció ser autor del crimen, lo cual fue considerado insuficiente para condenarlo.

Escobedo denunció el homicidio en su momento y ante la incapacidad y pasividad de las autoridades de Chihuahua, investigó por su cuenta y logró ubicar a Barraza en Fresnillo, Zacatecas, donde fue detenido. Posteriormente lo trasladaron a Ciudad Juárez, donde fue juzgado y sentenciado. En mayo de 2010, un tribunal colegiado, integrado por los magistrados José Alberto Vázquez, Flor Mireya Aguilar y Roberto Siqueiros, revocó la sentencia y absolvió a Barraza del delito de homicidio, lo que desató la indignación de la madre de Rubí y de organizaciones sociales.

El escándalo hizo que se revisará el expediente, se revocó la absolución y se condenó a Barraza a 50 años de prisión, pero éste huyó. Escobedo empezó una lucha por lograr justicia. Tres semanas antes de ser ejecutada pidió audiencia con el presidente Felipe Calderón, pero no fue recibida.

Después acudió a la procuraduría de Chihuahua para denunciar los riesgos que enfrentaba por amenazas, pero ni la autoridad federal ni la estatal le brindaron protección. El 16 de diciembre fue asesinada a las puertas del palacio de gobierno.

El caso de Leopoldo Valenzuela es similar. Conocido como don Polo, el 23 de septiembre de 2010 personas encapuchadas ingresaron en el negocio familiar y secuestraron a su hijo, también de nombre Leopoldo, en el municipio de Nuevo Ideal, Durango.

En su afán por negociar la libertad de su hijo con los plagiarios, en principio no denunció el caso; pero ante el incumplimiento de lo acordado tras pagar el rescate que le pedían, y una vez que pudo localizar el lugar donde mantenían retenido a su hijo, hizo la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Cuatro meses después, ante la pasividad de las autoridades y al detectar irregularidades en las investigaciones, Valenzuela denunció el caso públicamente.

Durante varias semanas, el empresario hizo pública su inconformidad contra el gobernador Jorge Herrera Caldera, criticó el desempeño de la autoridad y sugirió que había complicidad. El 6 de febrero, varias personas acudieron a su negocio e intentaron secuestrarlo, él se resistió y fue ejecutado.