yer, en el contexto de su visita a nuestro país, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, alabó la solidez y la estabilidad de la economía mexicana ante la persistencia de la crisis mundial y sostuvo que las políticas macroeconómicas y la fortaleza fiscal de la nación deben ser imitadas por otros mercados que se encuentran en problemas.

Estas declaraciones contrastan con la información, difundida el martes por la Comisión Económica para América Latina (Cepal), y reseñada ayer en estas páginas, que ubica a México y a Honduras como las únicas naciones en la región con incrementos significativos en sus tasas de pobreza e indigencia: en el caso de nuestro país, el aumento de 2.1 por ciento en el número de pobres extremos entre 2009 y 2010 equivale a alrededor de 2 millones 359 mil personas, si se toma como referencia el número de habitantes reportados en el más reciente censo de población del Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

En tal circunstancia, los señalamientos formulados ayer por la directora gerente del FMI tal vez hayan sido exitosos como ejercicio de relaciones públicas ante sus anfitriones, pero resultan inaceptables a la luz de los datos mencionados. Lo menos que cabría esperar de una funcionaria internacional del rango de Christine Lagarde es que los juicios que emita estén sustentados en el conocimiento de indicadores económicos como los referidos; en cambio, la formulación de un discurso como el comentado denota falta de escrúpulo e interés en el manejo de la información sobre la realidad económica y social del país, y tales rasgos son incompatibles con el cargo y la responsabilidad de la declarante.

Es claro, por otra parte, que el auge del desempleo, la pobreza y el deterioro generalizado de las condiciones de vida de la población no son atribuibles por entero a la deficiente conducción económica del país realizada por el gabinete calderonista. Esos flagelos son producto también de una conjunción entre factores coyunturales y una crisis estructural que deriva de la aplicación, desde hace más de dos décadas, de las directrices económicas emanadas del llamado Consenso de Washington e impuestas en países como el nuestro por el propio FMI: la solidez económica y la fortaleza fiscal alabadas ayer por Lagarde forman parte de los eufemismos empleados por el organismo que encabeza para referirse a los rasgos de un modelo económico que, puesto en situación de emergencia, no vacila en sacrificar a las mayorías para proteger los intereses financieros de los capitales trasnacionales.

Ante estas consideraciones, es inevitable preguntarse si las afirmaciones de Lagarde constituyen un despropósito derivado de la ignorancia o de las ganas de quedar bien, o bien si son indicativo de algo mucho más grave: que la multiplicación de la pobreza –hasta ahora presentada como efecto colateral del neoliberalismo, que acaba siendo corregido por la mano invisible del mercado– es, en realidad, un objetivo de los gobiernos y organismos que, como el propio FMI, han impulsado la adopción de ese modelo en gran parte del planeta.