Juristas mexicanos especializados en derecho internacional aseguraron este miércoles a La Jornada que, aunque pocas, sí hay probabilidades de que la Corte Penal Internacional (CPI) dé entrada a la denuncia que presentaron más de 20 mil ciudadanos contra el presidente Felipe Calderón.

Enrique Mota, abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, con más de una década de litigar en tribunales internacionales, señaló que Luis Moreno Ocampo, fiscal general de la CPI, tiene dos opciones:

Admitir la denuncia con el argumento de que los más de 40 mil muertos por el combate al crimen organizado representan delitos de lesa humanidad, pues podría considerarse que derivaron de reiterados ataques de fuerzas del Estado mexicano contra la población civil.

En esta hipótesis cabría la posibilidad de que Calderón sea investigado por las omisiones en que incurrió al estar enterado de que las fuerzas armadas han atacado a la población civil en retenes militares y no ha hecho nada para detener la estrategia militar antinarco.

La segunda opción, menos favorable para los denunciantes, es que Moreno Ocampo deseche el recurso por notoria improcedencia, con el argumento de que los quejosos no recurrieron a los canales de justicia mexicanos.

El mes pasado, durante una visita a México, el fiscal Moreno Ocampo adelantó lo que podría ser su respuesta ante esta demanda contra Calderón.

Mi deber es no intervenir cuando las acusaciones contra un mandatario sean por responsabilidad política y no penal. No puedo intervenir si el gobierno de una nación actúa; no tengo facultad para actuar cuando en un Estado hay una intervención de sus sistemas nacionales de justicia en forma genuina, respondió al pedirle una opinión sobre la demanda contra Calderón que aún no había sido presentada.

Por su parte, Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión Nacional de Juristas, indicó que la denuncia contra Calderón y otros integrantes de su gabinete ante la CPI, sin haber agotado los procedimientos constitucionales y legales ordinarios vigentes en México, prevé una procedencia de difícil admisión.

Dijo que el caso es complicado, porque la CPI es un tribunal internacional, con estatus permanente especial y personalidad jurídica, que sin ser parte de la Organización de las Naciones Unidas se relaciona con ésta mediante el Estatuto de Roma, con la misión de juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra y lesa humanidad, pero que actúa en forma complementaria a la jurisdicción de los estados nacionales.

No obstante, indicó que como la petición ya se formuló ante Moreno Ocampo, ahora el fiscal tendrá que determinar si recibe y califica la queja por ser de su competencia; determinar si se cumplen los requisitos de procedibilidad que señala el Estatuto de Roma y si existen elementos que justifiquen los delitos denunciados, para ejercer, en su caso, la acción acusadora ante el tribunal, con todas sus consecuencias políticas y legales.

En estricto derecho, la denuncia no es ninguna calumnia ni difamación al gobierno de México ni a la persona de Calderón, sino el ejercicio de un derecho cívico ejercido por los 23 mil denunciantes, agregó Miranda Esquivel.