Ante el asesinato del sonorense Nepomuceno Moreno, incorporado al movimiento social para tratar de encontrar a su hijo desaparecido el año pasado, y el significado ominoso que esto puede significar para miles de padres en situación similar, Irene Herrerías, titular de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (ProVíctima), prometió el apoyo de la institución para proteger a familiares de víctimas.

Ayer se informó que la esposa de Nepomuceno Moreno y dos de sus hijos acordaron con las autoridades federales y el Movimimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) que para ponerlos a salvo serían trasladados al Distrito Federal, bajo protección de la Procuraduría General de la República, y aquí se les buscaría un sitio seguro para reubicarlos.

Al respecto, la funcionaria aseguró: En eso estamos, ultimando los detalles; a eso estoy abocada en este momento.

Reconoció que ofrecer garantías desde el poder federal a personas amenazadas por el crimen organizado es complicado.

“Insisto: la mayoría de estos casos de persecución y amenazas a familiares es competencia local. Lo sé por experiencia. En la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, de donde vengo, vimos muchas situaciones similares.

Había familias que nos pidieron protección de la Federación. Pero muchas veces nosotros nos apoyamos en la policía local. Eso es un problema porque hay gente que no confía en la policía local. En esos casos, donde localmente hay un riesgo, el Estado sí debe dar la protección desde el fuero común o federal.

–¿Cómo?

–La AFI nos decía que no tenía capacidad para darle escolta a todas las víctimas, porque esa no es su única función, su tarea principal es perseguir el delito. Por eso una forma de darles protección es moverlos a un lugar donde no tengan peligro.

Herrerías explicó que Pro Víctima, que apenas tiene dos meses de funcionamiento, ya da protección a algunos activistas del MPJD.

Señaló que la reubicación, como en el caso de la familia de Nepomucemo Moreno, puede ser una de las vías de solución.

“Muchas veces los delincuentes no son tan poderosos como para seguir a los familiares de sus víctimas fuera del estado, son ‘poderes locales’, y en estos casos sí puede haber protección al apoyarlos para salir de sus lugares de residencia. Pero hay casos donde no, el desplazamiento no resuelve. Hay que ver caso por caso. En regiones donde hay víctimas de delincuencia organizada, se les apoya cuando piden salir. Pero tenemos que ser cuidadosos de no suplantar voluntades. En muchos casos las personas amenazadas se quieren quedar, no salir. Pero cuando hay decisión de salir sí se apoya”, agregó.

La titular de ProVíctima participó en el foro Desplazamiento interno forzado en México, organizado por el Instituto de Investigaciones José Luis Mora. En su intervención, reconoció que ninguna instancia federal tiene registro ni estadísticas de la población que en los dos años pasados se ha visto forzada a desplazarse por causas de violencia ligada con el crimen organizado.