Ni los especialistas en estudios de las migraciones ni los legisladores y las autoridades responsables de políticas públicas ubican la problemática de los desplazamientos masivos por la violencia originada en el narcotráfico como tema importante de la agenda nacional. Estudiosos del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora encendieron ayer el foco rojo desde la academia, durante el foro Desplazamiento forzado: ¿un mal menor?

Durante la inauguración del foro, el director de la institución, Luis Jáuregui, y dos académicos de la misma, Fidel López y Ricardo Reynoso, destacaron que, por indiferencia o desconocimiento de las autoridades, persiste la falta de marcos institucionales, políticas públicas, estrategias de atención –y no hay interés de los poderes Ejecutivo y Legislativo– para atender y documentar esta realidad.

Agregaron que, de acuerdo con proyecciones muy iniciales basadas en encuestas de Parametría y el Inegi, el problema podría afectar ya a más de millón y medio de personas en distintas regiones de México, obligadas a cambiar su lugar de residencia por la violencia. Esta población desplazada padece condiciones de vulnerabilidad total de sus derechos fundamentales.

El foro, expresaron, es un primer paso para situar el tema en la arena pública, ya que la invisibilidad del problema se extiende incluso a los medios de comunicación, que cubren escasamente el tema.

Producto de años de trabajo académico y de vinculación, los expertos del Instituto Mora, en colaboración con las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y Autónoma Metropolitana (UAM), el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y universidades estatales lograron redactar un proyecto de ley tipo para la prevención del desplazamiento forzado con el fin de construir en México legislación sobre la materia.

La ley tipo, puesta a debate en el foro, ha sido analizada, aprobada y sancionada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Sin embargo, la respuesta de funcionarios y legisladores a la convocatoria del Instituto Mora fue menos que entusiasta.

Magdalena Ávila, académica y convocante del foro, expuso que fueron invitadas todas las fracciones parlamentarias y los representantes en la capital de los gobiernos de los estados afectados por la violencia. Ninguno acudió.

Ricardo Reynoso, quien había destacado que el desplazamiento forzoso interno en México, que ya es masivo, entraña problemas de seguridad pública que pueden llegar a ser de seguridad nacional, se manifestó optimista. Nuestro objetivo es impactar en las políticas públicas. La coyuntura electoral lo puede favorecer, afirmó.

Su colega Fidel López expresó metas más modestas. Yo no esperaría ahora una respuesta institucional a un problema del que, hoy en día, nadie habla, ni siquiera como fenómeno social. El primer paso, en todo caso, será consolidar el problema de los desplazados como tema de debate nacional, dijo.

Por último, Michael Chamberlin, de la organización Iniciativas para la Identidad y la Inclusión, radicada en Chiapas, comentó sobre este vacío institucional: la incapacidad del Estado de responder al millón y medio de desarraigados por la violencia en los dos últimos años ¿es incapacidad o falta de voluntad política? Si es incapacidad, estamos hablando de un Estado fallido. Pero si es falta de voluntad política, es una traición a la democracia.