Monterrey NL, 6 de diciembre. Tras los peritajes de las procuradurías generales de la República (PGR) y de Justicia del estado, así como declaraciones de testigos y los presuntos dichos de los implicados en el ataque al casino Royale, se concluyó que no hubo responsabilidad penal de autoridades ni de propietarios del inmueble por la muerte de 52 personas en el incendio provocado el pasado 25 de agosto.

En rueda de prensa conjunta, el procurador de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos, y el titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), Cuitláhuac Salinas Martínez, afirmaron que el casino cumplía parcialmente con las medidas de seguridad requeridas para operar.

Detallaron que contaba con ocho puertas, 40 extintores de incendios, rutas de evacuación con las respectivas señalizaciones, y que muebles, telas y alfombras contenían material retardante del fuego.

Por lo anterior, puntualizaron, el factor determinante de la tragedia fue la participación de 36 integrantes del cártel de Los Zetas en el ataque –18 de manera directa, de los cuales 16 ya son procesados–, quienes realizaron disparos y amedrentaron a las personas para que se refugiaran en el interior de la casa de apuestas.

Posteriormente, agregaron, con el uso de 200 litros de gasolina, que llevaron en 10 garrafones, provocaron un incendio que se propagó a todo el inmueble en menos de 40 segundos.

De la Garza Santos señaló que el agente del Ministerio Público concluyó en sus indagatorias que aun y cuando hubiera existido cualquier medida de seguridad y de prevención de riesgos, no hubiera sido suficiente para evitar la tragedia, por la participación del grupo delictivo que realizó disparos y amenazó a los clientes, además del uso de un combustible altamente flamable.

No obstante, subrayó, dentro de la indagatoria y como resultado de pruebas periciales, se podría abrir otra averiguación por hechos diversos, por si de las solicitudes y otorgamiento de permisos de uso de suelo se desprende algún delito que se persiga de oficio.

Añadió que el Ministerio Público seguirá representando a las víctimas para la reparación del daño, sanción a los culpables y asesoría legal o sicológica que se requiera.

Asimismo, el procurador de Nuevo León declaró que las conclusiones no son determinantes en cuanto a responsabilidades civiles, administrativas o laborales en que pudiera haber incurrido cualquier autoridad o los particulares.

A su vez, José Cuitláhuac Salinas, titular de la Siedo, detalló que de las indagatorias realizadas por la PGR se desprende la participación de hasta 36 personas, de las cuales 18 tuvieron una intervención directa en el ataque y 16 de ellas ya están siendo procesadas.

Derivado de las investigaciones del caso se obtuvieron órdenes de aprehensión contra Heriberto Lazcano, El Lazca, que según la PGR es el jefe máximo de Los Zetas y por quien desde el 23 de marzo de 2009 la dependencia federal ofrece una recompensa de hasta 30 millones de pesos a quien proporcione información que permita su localización y captura.

También se obtuvieron órdenes de aprehensión en contra de Francisco Medina Mejía y Baltazar Saucedo Estrada, por quienes se ofrece una recompensa de hasta 15 millones de pesos por cada uno, y que junto con El Lazca encabezan el grupo delictivo y dirigieron el atentado.

Sobre los resultados del peritaje, Samara Pérez Muñiz, sobreviviente del incendio y madre de Brad Javier Muraira Pérez, quien pereció en el casino Royale, dijo que el informe constituye una burla más a las víctimas y contradice lo que testigos como ella, que nunca fue citada a declarar, observaron el día del incendio.

Aseveró que había puertas bloqueadas con máquinas de juegos y con láminas. Prueba de ello, expresó, es que fue necesario el uso de una máquina mano de chango, para que hiciera horadaciones en las paredes y pudiera salir el humo.

Expuso que es inconcebible que no hayan encontrado responsabilidades de los propietarios del casino, quienes a sabiendas de que había amenazas del crimen organizado continuaron operando, sin importarles los riesgos para clientes y empleados.

En tanto, la bancada del PAN en el Congreso local criticó que no se haya determinado responsabilidad alguna de las autoridades de Protección Civil del estado, pese a que se ha comprobado que dicha dependencia, en su oportunidad, no supervisó adecuadamente las medidas de seguridad del inmueble, por lo cual solicitó una revisión a fondo del caso.