sí les llamó Gerardo Laveaga, defensor de Felipe Calderón en la demanda entablada por 23 mil 700 personas (hoy 27 mil) ante la Corte Penal Internacional. Reconoció que si Calderón quisiera llevar su infundada reconvención a los tribunales mexicanos el tema no sería penal sino civil. Con eso descartó a la PGR, el espantapájaros utilizado para amedrentar a los denunciantes, como en los mejores tiempos de Gustavo Díaz Ordaz. (Surgieron en esa amenaza reminiscencias de Lecumberri y del Campo Militar Número Uno: subterráneos de terror donde confinaban a los muchachos del 68, aunque algunos, como Heberto Castillo, ya no fuesen tan muchachos. Ese es el caso de los 23 mil denunciantes, menospreciados por Javier Lozano como abajo firmantes, aunque incluyan a un ex procurador general de la República y a un ex ministro de la Suprema Corte.)

Laveaga, abogado del establishment, califica a los activistas sociales como muchachos. Más comedido que el monstruo de Tlatelolco, que se refería a ellos en privado como hijos de la chingada, parásitos chupasangre, pedigüeños, cínicos, ¡carroña!. Con igual vehemencia Lozano calificó a quienes ejercieron un legítimo derecho como ruines, ignorantes y oportunistas. Se incorporó sin más a la defensa como abogado oficioso de Calderón, promoviéndose como buen abogado... para responderles como merecen. Es escalofriante comprobar que en esta desahuciada administración se están reviviendo fantasmas autoritarios del pasado.

Lo inaudito vendría después. Durante una reunión de las comisiones que dictaminan la miscelánea penal, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista Alejandro González Alcocer, propuso un nuevo capítulo sobre terrorismo que se le escapó a Díaz Ordaz. Su proyecto pretende castigar con penas de 40 años a quienes “presionen a la autoridad (…) para tomar una determinación” (bit.ly/vwcq65). Con esa indignante y burda medida convertía a los muchachos acusadores en terroristas. Algunos analistas salieron en defensa de Calderón. Afirmaron que no era asesino ni violador de derechos humanos. Él no mató ni torturó; no ordenó secuestros, ni violaciones, ni desapariciones. Afectados de memoria selectiva olvidaron que es comandante en jefe del Ejército, y pretendieron aliviarlo totalmente de culpa afirmando que los militares intervinieron a petición de las autoridades locales. Eso coincide curiosamente con la defensa que había comenzado a montar Alejandro Poiré: ¡ustedes pidieron al Ejército!

En aras de una campaña amistosa, Enrique Peña Nieto, hoy contrito lector de la Biblia, opinó que la denuncia no tenía sustento alguno, porque el mandatario tiene obligación irrenunciable de enfrentar al crimen organizado, y ésta no se puede inhibir o coartar con denuncias (bit.ly/vqvWoP).

En este galimatías de memoria selectiva todos olvidan que se le advirtió a Calderón oportunamente el peligro de sacar a los militares a la calle. Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch explicaron el riesgo que corrían los derechos humanos, y mencionaron ejemplos palpables de otros países. Algunos analistas, como el que escribe, definimos la guerra de Calderón en 2010 como guerra civil, cuando se contaban únicamente 15 mil muertos: bit.ly/nU9aAy. Hoy llevamos 50 mil. Alguien debe detener la barbarie.

El lamentable percance en el que perdió la vida José Francisco Blake Mora impidió comentar con detalle el devastador reporte de Human Rights Watch (HRW) publicado dos días antes. El título mismo es una acusación inequívoca contra la estrategia de Calderón. No deja lugar a dudas: “Ni seguridad, ni derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”. Dibuja el desaliento que se ha adueñado del país. Después de los 50 mil muertos, y de la entrega a pedazos de nuestra soberanía, uno de los más prestigiados organismos internacionales nos viene a recordar lo que nos negábamos a reconocer. Que nos hemos quedado sin nada: sin seguridad y sin protección a los derechos humanos.

No logramos detener la violencia, ni el trasiego de drogas, ni la importación de armas de alto poder. Se fomentó la militarización. Tampoco detuvimos el narcomenudeo, así que las drogas llegaron a nuestros hijos. El ominoso subtítulo del reporte, “Ejecuciones, desapariciones y tortura”, nos recuerda que ese es el legado de la guerra de Calderón, como HRW la llama invariablemente entre comillas.

Una de las conclusiones es alarmante: reconoce que existe una política de seguridad pública, pero que fracasa seriamente en dos aspectos. No ha logrado reducir la violencia y ha generado un incremento drástico de las violaciones graves de derechos humanos. La consecuencia es inevitable: “en vez de fortalecer la seguridad pública, la ‘guerra’ desplegada por Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia, descontrol y temor en muchas partes del país”.

Las instrucciones en 2006 parecen haber sido: fuego a discreción. Sin objetivos, sin control de las fuerzas federales y sin clara estrategia de salida.

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