orpeza o provocación, el asesinato de dos estudiantes normalistas en Guerrero aumenta el grado de volatilidad política y social de un país que entre hechos explosivos se encamina a la presunta renovación ¿pacífica? de sus poderes en el año en puerta.

Podría ser, desde luego, una torpeza más de las muchas que diariamente se cometen desde diversos ámbitos gubernamentales aunque no tengan la resonancia fogosa de lo sucedido ayer en un tramo carretero de Chilpancingo. Órdenes mal dadas o mal ejecutadas, confusión o descontrol, urgencia de acciones tajantes ante riesgos mayúsculos, e incluso temor ante eventuales agresiones provenientes de un adversario mejor armado y en condiciones ventajosas podrían ser algunos de los ingredientes a invocar en busca de explicación al ataque de policías de diversas corporaciones a alumnos de una escuela normal rural.

Pero, al menos a la hora de cerrar esta columna, no hay testimonio ni pruebas firmes en alguno de los sentidos atenuantes o exculpatorios antes mencionados (la procuraduría estatal presentó a un joven que habría sido detenido con un cargador de AK 47 y que habría iniciado el tiroteo), sino todo lo contrario. Por lo visto y documentado, fuerzas federales y estatales actuaron no solamente con un sentido desproporcionado de fuerza ante estudiantes en protesta, sino con ánimos criminales inocultables y necesariamente desatados mediante orden de una superioridad que aún no se define si fue federal (aunque los mandos de la PF con rapidez se desmarcaron, a pesar de que diversos testigos adjudican a esa marcada corporación los principales hechos violentos) o estatal (a cargo de un gobernador que dejó de ser priísta para ser candidato de las alianzas infames impulsadas por Calderón, Camacho, Ebrard y Los Chuchos, pero que sigue llevando tatuado el escudo tricolor en su actuar y que sigue manteniendo fidelidad a Enrique Peña Nieto).

Basta ver la fotografía de un joven corriendo de espaldas y luego yacente en el suelo, asesinado (en yfrog.com/es6tirp está disponible), para demostrar que no hubo el enfrentamiento del que diversos medios hablaron con pautada insistencia, o el breve video (en youtu.be/XrpKw36MUVI se puede apreciar) en que se escucha el tableteo de metralletas y pistolas como en choque contra peligrosos narcotraficantes e incluso la presencia de una persona sin uniforme que dispara contra los estudiantes. Tampoco hubo comprobación de la acusación recurrente en algunos medios de comunicación de que los normalistas pretendían incendiar una gasolinera ni que portaban armas de fuego. Y en un mutismo contrastante con la gravedad del asunto, el gobierno guerrerense se limitó a expedir una carta de buenas intenciones políticas, adjudicándose falta de vocación represiva (aunque el gobernador Aguirre ya ha sido acusado de violencia política, incluso contra el perredismo que ahora lo arropa), pero sin aportar una sola referencia directa a los hechos sangrientos.

¿Provocación política, entonces? Pero, ¿de quién contra quién, o para qué? Por lo pronto, el principal lesionado es el antedicho gobernador Aguirre, beneficiario de las fórmulas aliancistas del camachismo-calderonismo que así hicieron perder al PRI (postulando a alguien que sigue siendo priísta de corazón y peñanietista casi sin clóset) y ganar a la oposición, específicamente a la de izquierda, con Marcelo Ebrard como orgulloso padrino de la criatura contrahecha. Si el ataque contra los normalistas fue obra y decisión de la policía estatal, el camaleónico Aguirre será el principal damnificado de este episodio en el que desde ayer se exigía la renuncia de quien ya fue mandatario sustituto y ahora teóricamente lo será por seis años. Algunos de quienes brindarían por ese golpe serían el ex gobernador Rubén Figueroa y su grupo, al que alientan la incompetencia y la voracidad del citado Aguirre. En cambio, resultarían dañadas las expectativas electorales del PRD marcelista y Chucho, y, en menor grado, pues Figueroa podría compensar las pérdidas, el lector de libretos apellidado Peña Nieto.

Otra vertiente de responsabilidad pasa por la Policía Federal, que ha tenido condición estelar en significados operativos de represión, como Atenco y Oaxaca. Todo lo que ayude a tensar y enturbiar lo político y lo social entra en el registro de haberes del calderonismo rumbo a la descalificación de los comicios del año entrante. Además, el desalojo de los normalistas ha servido para alentar y fortalecer los desatados ánimos beligerantes de la derecha, confesa o encubierta, que promueve el uso de la mano dura contra revoltosos y opositores a lo que hoy sucede en el país. Al calderonismo le beneficia multiplicar el virus clasista que cree que los estudiantes no estudian porque no quieren y los pobres lo son por su propia culpa. Sin entender el origen y el contexto de las luchas sociales, es fácil desatar la furia de las buenas conciencias clasemedieras que demandan el uso de la fuerza contra las expresiones de injusticia social que les parecen de mal gusto o que no combinan con el decorado de su cómoda arquitectura mental.

El coctel guerrerense que se ha servido en Ayotzinapa tiene una composición por sí misma explosiva: el aliancismo de Aguirre, el padrinazgo de Ebrard, el acecho vengativo de Figueroa, la infiltración gubernamental en las normales rurales, la presencia de organizaciones que promueven la insurrección armada, la insatisfacción social creciente y el fracaso del actual modelo de representación política. Ya se verá quién acaba brindando con ese coctel y a qué cuentas se carga el consumo.

Mientras tanto, Enrique Peña Nieto sigue ahogándose en un vaso de letras. Parece increíble que a estas alturas no haya sido capaz de hacerse diseñar una salida más o menos aceptable para su naufragio literario. Ahora se desahoga contra sus opositores y habla de consignas políticas en su contra, sin aceptar que ha sido él quien se ha mostrado impúdicamente como un analfanieto funcional. Y advierte que sus pifias y olvidos seguirán sucediendo. ¡Hasta mañana!

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