n día después de la agresión policial en contra de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en la Autopista del Sol, a las afueras de Chilpancingo, Guerrero, los resultados de las autopsias practicadas a Jorge Alexis Herrera, de 21 años, y Gabriel Echeverría, de 20 –hasta ahora las víctimas mortales de los hechos–, asentaron que murieron de tiros en la cabeza y en el cuello, respectivamente. A ello ha de sumarse la proliferación de evidencias gráficas que muestran a presuntos policías vestidos de civil que, parapetados por efectivos uniformados, dispararon contra los manifestantes.

iciembre, en el Distrito Federal (DF), no sólo representa el fin de año. En ese mes, la pésima circulación de automotores retrata la mala salud de la ciudad y su posible inviabilidad. Las muy largas horas impuestas por el tráfico enfadan, agotan, preguntan. Imposible escapar del tráfago; imposible no preguntarse cuándo se hundirá el DF y nosotros con él; imposible no cuestionar las acciones de los gobiernos federales y de los gobiernos locales. El crecimiento irracional, ad nauseam, del DF, es responsabilidad de nuestros gobiernos. Su crítica salud también. Su futura inviabilidad también. Si no son los gobiernos los culpables, ¿quién lo es?

ntes que partenogénesis de algún gobernante metido a redentor (como diría un patético ropavejero de la historia de México), los fundamentos de la novísima Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) fueron posibles gracias a la amplitud de miras del grupo de estadistas que hoy impulsan hoy la integración y solidaridad de nuestros pueblos, sin el ominoso y frustrante poder disuasivo de las corporaciones imperialistas de Estados Unidos y Canadá.

a reunión sobre cambio climático (COP17) en Durban concluyó con un resultado fatídico: ya no existe algo que se pueda llamar un régimen global sobre cambio climático. En esta conferencia se desmanteló lo que quedaba del Protocolo de Kioto. Ese tratado adolecía de muchos defectos, pero por lo menos consagraba el principio de obligaciones vinculantes para los países que más han contribuido a generar el problema del cambio climático. El PK expira el año entrante y no tenemos ya nada con qué remplazarlo.