La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investiga los asesinatos de los activistas Trinidad de la Cruz y Nepomuceno Moreno, el secuestro de Eva Alarcón y Marcial Bautista, así como el atentado contra Norma Andrade, y si se confirma una actuación irregular de las autoridades podría citar en breve a diversos funcionarios por realizar mal su trabajo, incluidos los policías que tenían que dar seguridad a De la Cruz.

Así lo afirmó Javier Sepúlveda Amed, director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la comisión, quien advirtió que en años recientes se incrementó de forma preocupante el número de agresiones contra dichos gremios.

El funcionario, quien condenó enérgicamente cualquier asesinato o desaparición forzada contra comunicadores y activistas, advirtió en entrevista que estamos viviendo una situación muy complicada, porque el funcionamiento correcto de un Estado democrático depende de que las leyes se cumplan y las instituciones funcionen.

Aseguró que el organismo, dirigido por Raúl Plascencia Villanueva, comenzó una pesquisa sobre las recientes agresiones que han sufrido activistas de derechos humanos –incluido el asesinato de Trinidad de la Cruz y Nepomuceno Moreno– y ha solicitado medidas cautelares para familiares y compañeros de las víctimas.

Los encargados de los organismos de seguridad, afirmó, deben rendir cuentas sobre su responsabilidad de proteger a algunas personas que ya contaban con medidas de protección, y en caso de que se compruebe alguna irregularidad en su actuación podrían ser citados a declarar.

Tienen que explicar su proceder

“Ellos tienen que dar cuentas a la sociedad y explicar por qué no se hizo lo que tenían que hacer –dijo en referencia a la manera en que la Policía Federal abandonó a Trinidad de la Cruz a su arribo a la comunidad de Xayakalan–. Estamos en las investigaciones, con un equipo de visitadores adjuntos muy bien preparados, y si derivado de ello comprobamos que hubo fallas o no se aplicaron medidas como debió ser, entonces podemos actuar, incluso citarlos”, indicó.

Sepúlveda enfatizó que los defensores de derechos humanos son uno de los grupos que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad, junto con los periodistas, y un ejemplo de ello es que de 2005 a 2009 la CNDH reportó 179 casos de agresiones, pero sólo en 2010 hubo 48 quejas, lo que representa un alza de 100 por ciento respecto del promedio anual del anterior periodo mencionado.

Luego de subrayar que la comisión ha sido un observador enérgico de estos abusos, como lo demuestra la recomendación general 17 que emitió hace dos años, aseguró que el mecanismo de protección para activistas y comunicadores, firmado en noviembre de 2010 por la Secretaría de Gobernación, debe tener más facultades y presupuesto, porque sin esos dos factores será muy difícil actuar.