La mancuerna PAN-PRI en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados modificó anoche el artículo 24 de la Constitución para permitir que los actos de culto religioso puedan practicarse de manera colectiva en público, sin dar aviso a la autoridad respectiva. y suprimieron la prohibición de que sólo se realicen en los templos.

Con esto se abre el camino para que, como plantean los considerandos del dictamen, las asociaciones religiosas puedan difundir sus ceremonias en medios masivos de comunicación sin permiso de la Secretaría de Gobernación o incluso, como advirtió la diputada Enoé Uranga, del PRD, que puedan exigir concesiones de radio y televisión.

Esta modificación, que las bancadas panista y priísta pretenden que se vote en la sesión de este jueves, revierte la reforma de 1992 –aprobada durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari– a los artículos 3, 24, 27 y 130 constitucionales y la respectiva ley reglamentaria, la de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que acota el ejercicio de las ceremonias religiosas a los templos, así como su difusión.

La reforma, confiaron diputados del tricolor, fue comprometida por Enrique Peña Nieto a la cúpula de la Iglesia católica.

Incluso, los legisladores señalaron que en la cena con su precandidato presidencial, celebrada el martes pasado en el exclusivo Club Piso 51 de la Torre Mayor, les dijo textualmente que comprometió su palabra con la nunciatura apostólica, la Conferencia del Episcopado Mexicano y la arquidiócesis, de que la reforma sería aprobada en el periodo de sesiones ordinario que termina hoy.

Además, agregaron los priístas, Peña Nieto les comentó: acuérdense que el Papa viene a México en marzo.

En caso de que el dictamen fuese aprobado hoy por la Cámara de Diputados, se enviaría una minuta al Senado, que primero lo discutiría en comisiones y después en el el pleno.

La elaboración de la reforma fue operada por el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Emilio Chuayffet Chemor, quien el jueves de la semana pasada solicitó a los 14 priístas integrantes de la comisión que aprobaran la iniciativa del duranguense Ricardo López Pescador.

El proyecto priísta, de acuerdo con los considerandos del dictamen, tiene como propósito cumplir con el Pacto de San José –del que México es firmante–, que establece la libertad de conciencia, de religión y de culto.

Originalmente, la iniciativa presentada por López Pescador pretendía modificar el artículo 24, el cual señala que todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade por el derecho a la libertad de conciencia y de religión.

En esa perspectiva, y con la intención de que a cambio el PAN en el Senado apruebe la minuta de reforma al artículo 40 de la Constitución, que establece el Estado laico, el coordinador de los diputados del PRI, Francisco Rojas, obtuvo, primero del consejo consultivo –integrado por los coordinadores de los tres sectores y de los estados– y luego de la diputación en pleno, el voto para impulsar la reforma.

Ello, aun cuando en la reunión del consejo consultivo celebrada el miércoles pasado, la diputada Beatriz Paredes Rangel anticipó que la senadora María de los Ángeles Moreno Uriegas será una de las principales opositoras a la modificación, por sus convicciones personales.

Pero ayer el PRI fue más lejos. Fuera de reglamento, en un albazo legislativo, los cinco secretarios priístas y panistas de la Comisión de Puntos Constitucionales citaron a sesión extraordinaria y sin discusión aprobaron un proyecto de dictamen que retoma la idea del priísta Ricardo López Pescador, de que la libertad de conciencia sólo tiene relevancia jurídica cuando se exterioriza.

En los considerandos del dictamen que votaron en favor panistas y priístas se resalta: Para lograr ese propósito resulta conveniente abrogar el contenido del tercer párrafo del artículo 24 para eliminar que sólo en casos extraordinarios se celebren actos religiosos o de culto fuera de los templos.

El tercer párrafo citado, suprimido por panistas y priístas en el dictamen, señala: Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria.

Al respecto, el artículo 21 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público define que sólo con permiso de la Secretaría de Gobernación las asociaciones religiosas podrán, de manera extraordinaria, transmitir o difundir sus actos de culto en radio y televisión, sin utilizar los tiempos destinados al Estado.

Sin embargo, el artículo acota que para realizar actos religiosos de culto público con carácter extraordinario fuera de los templos, los organizadores de los mismos deberán dar aviso previo a las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales o municipales competentes, por lo menos quince días antes de la fecha en que pretendan celebrarlos, el aviso deberá indicar el lugar, fecha, hora del acto, así como el motivo por el que éste se pretende celebrar.

No obstante, la redacción del nuevo artículo 24, aprobada por 19 diputados del PRI y del PAN, señala:

Todo individuo tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión y a tener o no o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de practicar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, las ceremonias, devociones o acto del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política.

El documento –sobre el que el presidente de la comisión, Juventino Castro y Castro, del PRD, presentará una moción suspensiva– deja intocado el segundo párrafo del citado artículo, el cual define que el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Pero deroga el párrafo tercero.

Encabezados por el vicecoordinador del PAN e integrante del equipo de precampaña de Josefina Vázquez Mota, Carlos Pérez Cuevas, y el priísta Francisco Saracho (del círculo cercano del ex presidente del PRI Humberto Moreira) –quien irrumpió en las oficinas de Castro y Castro para obligar a que se realizara la reunión–, panistas y priístas aprobaron el proyecto de dictamen.

El equipo del ministro en retiro resaltó que la convocatoria fue hecha por sólo cinco de los 10 integrantes de la junta directiva de la comisión, cuando se requerían al menos seis.

Incluso, Pérez Cuevas eludió citar a los otros secretarios de la comisión: los perredistas Rosendo Marín y Guillermo Cueva, el petista Jaime Cárdenas y el verde Guillermo Cueva Sada.

Para citar a la reunión, los priístas Héctor Guevara y Reginaldo de la Torre y Saracho, así como los panistas Gustavo González y Pérez Cuevas argumentaron que Castro y Castro se negó a convocar a sesión extraordinaria.

Más tarde, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respondió que él citó a reunión anteayer, pero sólo llegaron nueve diputados, y entre los que faltaron estaba el propio Pérez Cuevas.