La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y la arquidiócesis de México negaron categóricamente la existencia de algún acuerdo con el precandidato priísta a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, para modificar el artículo 24 de la Constitución. No obstante, señalaron, ésta es una reforma inevitable, y criticaron los actos de incivilidad ocurridos ayer en la Cámara de Diputados.

Manuel Corral, asesor de la presidencia de la CEM, indicó que lo del acuerdo es falso, es una mentira, nunca ocurrió.

Añadió que lograr un avance hacia la libertad religiosa será beneficioso no sólo para las asociaciones religiosas, sino también para todos los mexicanos, y los que creen otra cosa están equivocados, son unos ignorantes y unos talibanes fundamentalistas.

Aparte, Hugo Valdemar Romero, director de comunicación social de la arquidiócesis de México, coincidió en que lo afirmado sobre un acuerdo con Peña es una absoluta mentira, una burda falacia, y lo desmiento categóricamente, es una barbaridad y un disparate.

Añadió que es incompresible que algunos partidos con estilo fascista sigan viendo esto como una violación a la Constitución, como una violación al Estado laico.

Sostuvo que quienes argumentan en tal sentido lo que buscan es reventar la reforma, aun cuando ésta es inevitable porque la libertad religiosa es un ingrediente esencial para la vida democrática.

Agregó que la toma de la tribuna de la Cámara de Diputados demuestra que existe una “negación de la vida parlamentaria.

La tribuna es para expresar ideas, para hablar, no para valerse del uso de la fuerza; eso debería darnos vergüenza.

En la Secretaría de Gobernación, José de Jesús Martínez Zepeda, presidente de la Comisión de la Pastoral Profética de la CEM, dijo, antes de la aprobación de la enmienda, que ésta sería un gran paso de madurez y consolidación democrática.

Agregó en entrevista realizada al concluir una ceremonia de entrega de registros a asociaciones religiosas –encabezada por el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, René Zenteno– que la posibilidad de difundir el culto fuera de los templos deberá tener el límite ético que impone la verdad, y sostuvo que aun con el avance de la reforma de 1992 no se puede tapar el sol con un dedo, es decir, hay incoherencias entre las normas domésticas y los tratados internacionales firmados por México, precisamente en el ejercicio de derechos humanos para los ministros de culto.

El también obispo de Irapuato manifestó que la reforma sería un paso en el reconocimiento de la libertad religiosa, que es un derecho civil.

La reforma al artículo 24 lo único que significa es que finalmente se estará en concordancia con lo que establece el artículo primero constitucional, que reconoce como derecho la libertad religiosa, expresó a su vez Corral.

Valdemar coincidió en que no significa más que adecuar la ley al artículo primero de la Constitución; se refiere a que los tratados internacionales fimados por México tengan validez legal. Es para cumplir con el Pacto de San José (signado por el país), que reconoce la libertad religiosa, porque lo que tenemos es libertad de culto, que no es lo mismo. Así que no se está dando ningún albazo al Estado laico, no se termina con la separación Iglesia-Estado, la que la Iglesia ve sana.

En cuanto a la toma de la tribuna, Corral inisistió en que fue un acto de incivilidad.