n nuevo reto tienen ante sí las comisiones nacional y estatales de derechos humanos en nuestro país con motivo de la reciente reforma constitucional al artículo 102, apartado B: incluir en su quehacer la protección de los derechos humanos laborales, tarea nada fácil dado el gigantesco atraso que existe en este renglón y la cultura corporativa de simulación y desdén que por mucho tiempo han practicado y promovido gobiernos y empresas.
En el Distrito Federal la labor es particularmente ardua por la alta concentración de negocios pequeños y medianos, pues se ha desarrollado una sistemática cultura de violación a los derechos laborales y porque todos los gobiernos se han resistido a otorgar al tema laboral la importancia que merece como parte de la agenda social, lo que ha generado un sensible déficit en esta rama de derechos. Una muestra palpable de este atraso es el reciente decreto antisindical emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) que extingue prácticamente el ejercicio de los derechos colectivos en nuestra ciudad.
Además de nuestra Carta Magna, distintos instrumentos internacionales son explícitos en la inclusión de los temas laborales, basta ver los artículos 20 al 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vigente desde 1948; el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos de 1960, y la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969; en todos ellos se garantizan como derechos fundamentales, los de asociación, seguridad social o el acceso a condiciones de seguridad en el trabajo y a un salario suficiente. Esta protección está también sustentada en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o en los Acuerdos de Colaboración Laboral de América del Norte.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) trabaja ya en esta tarea. Acaba de realizar con éxito el seminario Aproximaciones para la competencia laboral de las comisiones públicas de derechos humanos laborales, iniciando un proceso de diálogo con especialistas y actores del mundo laboral, destacando la dimensión del tema y sus materias prioritarias, entre otras, las relacionadas con el trabajo forzoso de menores, cuya existencia es evidente en las calles de nuestra ciudad, la discriminación por razones de género y maternidad, el drama del salario insuficiente para cubrir necesidades básicas, la ausencia de seguridad social, incluso para buena parte de los trabajadores del gobierno de la ciudad contratados bajo la modalidad de honorarios, la parcialidad con la que se conducen los órganos de justicia en el ámbito del trabajo; las omisiones a principios relacionados con el respeto al debido proceso y las gigantescas trabas que existen para el ejercicio de los derechos colectivos.
¿Cómo afrontar un reto de tal magnitud? fue una pregunta que prevaleció en el seminario. Como parte de una amplia gama de reflexiones se plantearon diversas líneas de acción, entre las cuales destacamos las siguientes:
1) La necesidad de elaborar un diagnóstico efectivo de la realidad laboral en nuestra ciudad, distinguiendo claramente el ámbito de la competencia local e identificando los nudos del sistema que generan mayores violaciones a estos derechos, a sabiendas de que algunos de ellos provienen de problemas estructurales derivados de políticas públicas de carácter nacional, otros de patrones culturales muy arraigados y de un conjunto de vicios añejos y redes de complicidad, a lo que habría que agregar, la abdicación de las facultades fiscalizadoras del Estado.
2) Evitar caer en la trampa de un esquema burocrático que limite la actividad de la comisión al cumplimiento de obligaciones de corte estrictamente formal, especialmente en el ámbito de las quejas que ya empiezan a recibirse, teniendo la capacidad de generar una política proactiva orientada a resolver con eficacia las causas generadoras de las violaciones, no sólo con un enfoque correctivo, sino también preventivo y educativo. El dilema es esperar a que la quejas lleguen a las puertas de la comisión, o diseñar una dinámica que permita ir a las fuentes que generan las violaciones.
3) Apoyarse en los esfuerzos de la sociedad civil y de otras instituciones; promover, por ejemplo, observatorios ciudadanos, diseñando parámetros de cumplimiento y dando a conocer a la opinión pública los resultados; establecer convenios de colaboración con instituciones académicas especializadas o con dependencias ya existentes en materia de derechos humanos dentro del mismo gobierno de la ciudad.
4) Insistir en la importancia de la inspección del trabajo como instrumento de orientación y fiscalización para lograr el cumplimiento de las normas mínimas de trabajo, función que es prácticamente inexistente en nuestra ciudad y promover la observación sobre el comportamiento de la JLCA del Distrito Federal.
5) Apoyarse en la experiencia internacional y en organismos especializados, como la OIT, que cuenta con una amplia trayectoria y que ha trabajado en diversos países en esfuerzos similares.
6) Colaborar con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo en el Distrito Federal apoyando acuerdos por rama de actividad y cadena productiva, para lograr el respeto a los derechos humanos laborales, especialmente en aquellos sectores que conforme al diagnóstico resulten más urgentes de atención.
Debemos apoyar a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para que fructifique en su esfuerzo y favorezca con su ejemplo una dinámica nacional en favor de los derechos de los hombres y mujeres que viven de su trabajo, ni más ni menos, casi la totalidad de la población.
