rnesto Zedillo ha sido sentado nuevamente en el banquillo de los acusados. Los familiares de la matanza de Acteal lo responsabilizan de crímenes contra la humanidad y de apoyar la formación de los grupos paramilitares que, el 22 de diciembre de 1997, asesinaron en una ermita del municipio de Chanalhó, Chiapas, a 45 hombres, mujeres y niños que rezaban por la paz.

El pasado 16 de septiembre, 10 personas, presumiblemente escindidas de la asociación civil Las Abejas, demandaron al ex presidente mexicano Ernesto Zedillo ante la corte de distrito de Connecticut, Estados Unidos (caso Jane Doe et al versus Ernesto Zedillo). Lo acusan de responsabilidad de mando por ordenar, participar y conspirar en asociación delictuosa para ejecutar la masacre de Acteal, y por su posterior encubrimiento. Le piden a la corte que lo declare responsable por la comisión y tentativa de asesinatos extrajudiciales; por daños y tratos crueles e inhumanos; por el uso del terror y la violencia en contra de la libertad de asociación, pensamiento, opinión pública y ejercicio político; por crímenes en contra de la humanidad, y por crímenes de guerra.

La demanda civil fue un duro golpe a la reputación del ex mandatario mexicano. Medios de comunicación estadunidenses, como The Washington Post, CNN y Yale Daily News, difundieron la noticia. La Universidad de Yale, de la que Ernesto Zedillo es director de su Centro de Estudios sobre la Globalización y responsable del seminario Debatiendo la globalización, se localiza en Connecticut, donde fue presentado el requerimiento judicial.

Como explican Víctor Emilio Corzo y Ernesto Eduardo Corzo en el ensayo Enseñanzas de la demanda a Ernesto Zedillo, el fundamento jurídico de la solicitud de juicio está en la Alien Tort Claims Act (ley de reclamación por agravios contra extranjeros, ATCA, por sus siglas en inglés) y en la Torture Victim Protection Act (ley para la protección de víctimas de la tortura, TVPA, por sus siglas en inglés), que justifican la jurisdicción universal de Estados Unidos en materia civil para procesar a los responsables de cometer crímenes contra el derecho de las naciones. La ATCA, promulgada por el Congreso estadunidense en 1789, estipula que las cortes federales de ese país tienen jurisdicción para conocer todas las causas en las que algún extranjero demande por daños solamente en violación a la ley de las naciones o a un tratado del que sea parte Estados Unidos.

Según el periódico La Razón, para impedir el enjuiciamiento del ex presidente en Connecticut, el pasado 12 de diciembre su equipo de abogados defensores habría alegado su inmunidad como ex gobernante de una nación soberana.

En México, Ernesto Zedillo guardó silencio. No así en Estados Unidos. En un correo electrónico dirigido al diario Yale Daily News, dijo que las acusaciones son infames (...) carecen de sustento y son obviamente falsas. Añadió: Esta es una calumnia inventada por razones que ignoro.

No es la primera ocasión en la que el ex mandatario es señalado en Estados Unidos como responsable de la matanza de Acteal. Cuando el 18 febrero de 2005, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la organización civil Las Abejas presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición contra el Estado mexicano por el asesinato de 45 tzotziles, por considerar que las instancias internas se han agotado, el asunto rebotó en la prensa estadunidense.

En aquella ocasión, al igual que ahora, Zedillo se negó a aclarar en México su responsabilidad en el crimen. Nunca respondí a los insultos o calumnias cuando estuve en la política. Yo no creo que deba hacerlo ahora o nunca, dijo en 2005. Sin embargo, sí hizo declaraciones en Estados Unidos. El profesor de Yale negó las acusaciones que lo involucraban e ironizó: “Es muy revelador que no puedo encontrar ninguna noticia al respecto en medios mexicanos, como el diario Reforma de la ciudad de México”.

Efectivamente, en aquel entonces, pocos periódicos, además de La Jornada, divulgaron la noticia. No es raro. Es sabido que el ex mandatario mexicano tiene importantes cortafuegos en los medios de comunicación mexicanos. Después de salvar a las televisoras colocó en sus puestos de mando a personas de su absoluta confianza, consolidó una red de influyentes articulistas en medios escritos y controló buena parte de las empresas encuestadoras. A través de ellos, ha influido en la política mexicana y defendido sus intereses.

Este año, a diferencia de 2005, el profesor de Yale ha tenido que enfrentar las acusaciones en su contra sin expresiones relevantes de apoyo público. En 2005 sus aliados dieron la cara por él. Richard Levin, presidente de la Universidad de Yale, dijo que Zedillo era una persona con una gran integridad y que estaba haciendo un gran trabajo en Yale. En esta ocasión, casi nadie lo defendió.

Las acusaciones contra Zedillo no son nuevas. Desde 1997, los zapatistas señalaron la responsabilidad del mandatario en la masacre. Lo siguen haciendo ahora. En la recientemente publicada Cuarta carta sobre ética y política que el subcomandante Marcos escribió a don Luis Villoro, el dirigente del EZLN recordó cómo el comandante Moisés, fallecido el pasado 26 de septiembre, recabó información vital para esclarecer la matanza de Acteal, el 22 de diciembre de ese año, perpetrada por paramilitares bajo la dirección del general del Ejército federal Mario Renán Castillo y con Ernesto Zedillo Ponce de León, Emilio Chuayffet y Julio César Ruiz Ferro como autores intelectuales.

Es evidente que detrás de la demanda presentada contra Zedillo en Connecticut hay intereses políticos que van más allá del requerimiento de un grupo de víctimas de que se repare un agravio. Pero también es obvio que esto no es una prueba de inocencia del ex mandatario mexicano, el ex secretario de Gobernación Emilio Chuayffet y sus socios. Ellos son responsables de perpetrar un crimen de Estado. Por ello deben ser juzgados moral y jurídicamente.