ras evocar un panorama que no puede ser más sombrío, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, del derechista Partido Popular (PP), anunció en su discurso de investidura ante el Congreso un severo recorte en el gasto público, la adopción de un nuevo marco laboral perjudicial para los trabajadores, el establecimiento de topes de gasto y endeudamiento para las administraciones autonómicas, la congelación de plazas en todo el sector público, salvo en las fuerzas armadas y las corporaciones policiales; la privatización de canales de televisión de carácter público; la supresión de las prejubilaciones; la eliminación de empresas semipúblicas, agencias y organismos, y en general el redimensionamiento del sector público y del personal a su servicio. La única excepción en esta estrategia será el incremento de pensiones para actualizar su poder adquisitivo.

a inclusión en la Constitución de los derechos humanos está encaminada sólo a beneficiar a los extranjeros y al clero. La reciente iniciativa de reforma al artículo 24 constitucional para permitir los actos de culto fuera de los templos lo confirma.

atorce años no han sido suficientes para que los autores materiales e intelectuales de la ominosa masacre de Acteal sean sancionados como corresponde a su nivel de participación por acción u omisión. Hasta ahora, los procesos penales nacionales y sus sentencias han sido centrados en autores materiales o en intelectuales con rango menor.

a guerra financiera ha trepado un escalón tan significativo, que puede ser el banderazo de un desastre de magnitud desconocida para todo el planeta.

o primero que debe quedar claro es que la reciente reforma al artículo 24 de la Constitución aprobada por la Cámara de Diputados, mediante la que se amplían los espacios para los cultos religiosos, no es un proceso concluido. El paso siguiente será su aprobación, corrección o rechazo por parte del Senado. Modificar la Carta Magna es un proceso serio. No es algo que equivalga a cambiar cubetas de plástico por votos. La propia naturaleza del Estado mexicano está en juego. Corresponde ahora a los senadores el análisis riguroso de una modificación en la Carta Magna realizada irresponsablemente por los diputados, que obedeció a las presiones de la Iglesia católica, y que está claramente asociada con objetivos electorales.