ues nada, que los factores coyunturales que incrementan el precio de la tortilla están por cumplir 13 años, periodo durante el cual dicho costo acumula un alza cercana a mil 800 por ciento y va por más. Lo dijeron públicamente los funcionarios zedillistas, lo repitieron los foxistas y lo propio han hecho los calderonistas: No permitiremos un aumento injustificado a ese alimento popular, aunque en los hechos cada día cuesta más. Por ello, lo más conveniente es que, dado el profundo deterioro que sus advertencias han causado a los bolsillos de la mayoría, lo conveniente es que ya no digan nada ni levanten el dedo flamígero, porque a cada amenaza el desembolso es mayor.

Los factores coyunturales comenzaron el primer día de 1999, en el sexenio zedillista, cuando la tecnocracia decidió cancelar el subsidio a la tortilla por ser altamente improductivo y lesivo a los bolsillos populares. Desde entonces, no ha dejado de subir el precio de la tortilla, lesionando los bolsillos populares. Tres inquilino de Los Pinos (Zedillo, Fox y Calderón) y sus seis secretarios de Economía (Herminio Blanco, Luis Ernesto Derbez, Fernando Canales Clariond, Eduardo Sojo, Gerardo Ruiz Mateos y Bruno Ferrari) repitieron hasta el cansancio aquello de no permitiremos, pero el citado alimento básico cada día cuesta más.

Como bien reseñó La Jornada (Susana González) en su edición de ayer, comenzó la feria anual de aumentos de precios de los alimentos básicos, con el de la tortilla a la cabeza. A escala nacional, el precio de la tortilla es de 11.29 pesos el kilogramo (cuatro centavos más que a principios de mes), según el reducido monitoreo aplicado por las autoridades a sólo 384 tortillerías de 53 ciudades del país, aun cuando existen 80 mil negocios de ese tipo. De cualquier manera, desde hace unas semanas dicho monitoreo reveló que el producto se vendía a más de 12 pesos en la mitad de esas urbes, y aunque el precio máximo que se reporta es de 15.40 pesos, hay lugares, por ejemplo Chihuahua, donde se comercializa en 17 o 18 pesos, de tal suerte que más tardaron en dar a conocer el aumento al salario mínimo que la realidad en destrozarlo.

El inquilino de Los Pinos y sus tres tristes titulares de Economía llevan cinco años repitiendo el no permitiremos, y el precio del kilogramo de tortilla pasó de 6 pesos en los últimos días del sexenio foxista a 11.3, en números cerrados, en lo que va del sexenio que promete vivir mejor a los mexicanos. De hecho, el periodo calderonista arrancó, por llamarle así, con una crisis de tortilla y 40 por ciento de aumento en el precio de dicho alimento.

Como se ha comentado en este espacio, en poco más de un quinquenio los tres titulares de la Secretaría de Economía (Sojo, Ruiz Mateos y Ferrari) no se cansaron de repetir (como antes los de Fox y Zedillo) que no permitiremos aumento en el precio de la tortilla ni toleraremos abusos en contra de los consumidores, porque es una minoría la que especula con este producto, cuyo abasto está plenamente garantizado. El incremento cercano a 100 por ciento en los citados cinco años dan cuenta de la efectividad de sus proclamas y amenazas; el precio del kilogramo de tortilla se mantiene al alza.

El 18 de enero de 2007, el inquilino de Los Pinos dio a conocer los términos del pacto firmado entre el gobierno federal, los productores de tortilla y los acaparadores de maíz. El principal fue un nuevo precio: 8.50 pesos por kilogramo en tortillerías, contra seis en la última quincena de Vicente Fox. Cinco años después, en algunas ciudades de la República el precio ronda 18 pesos el kilogramo y el promedio nacional 12 (según el gobierno), de acuerdo con un muestreo realizado por la Secretaría de Economía en 0.5 por ciento de tortillerías del país.

Los factores coyunturales, pues, llegaron para quedarse.

Las rebanadas del pastel

De la lectoría y la República del Ave María: ¿Cuál es el riesgo para la laicidad, tanto del Estado como de la educación? Al desaparecer el tercer párrafo del artículo 24 constitucional desaparece la sujeción del culto público fuera de los templos a una ley reglamentaria; en otras palabras, queda sin regulación la práctica pública de la religión y se deja a la libre interpretación y aplicación la nueva norma constitucional. Se observa en la modificación un vacío al no delimitarse los espacios públicos en que podrían efectuarse los cultos con ese carácter; se sobrentiende que la práctica abarcaría cualquier espacio público. Por lo consiguiente, la reforma al artículo atenta contra la laicidad del Estado y de la educación que imparta el Estado, además que atenta contra los derechos y libertades de terceros, lo cual contraviene los documentos internacionales acerca de derechos humanos, pues queda abierta la posibilidad de realización de cultos públicos en lugares donde la convivencia secular laica garantiza la libertad de credos, conciencia y religión. El riesgo latente y muy probable de provocar desatinos a la población se puede ejemplificar con los siguientes casos supuestos: en lugar de llevar a los egresados de primaria al templo para su acostumbrada misa, se intentaría llevar la misa al patio de la escuela. Esto es grave para los niños de otros credos, pues si ahora tranquilamente no van a la misa quienes no quieren asistir, dependiendo de las interpretaciones y aplicaciones que den en las escuelas, ahora tendrían que asistir como los Testigos de Jehová tienen que hacerlo (obligadamente) a los honores a la bandera, porque podría darse el caso que inmediatamente viniera la entrega de documentación (acto académico) u otro tipo de presiones. Otros posibles escenarios en el mismo espacio serían: misa por el fallecimiento de un maestro, por el de un compañero de clases, rezos en el patio de la escuela o en las aulas antes de iniciar las actividades escolares, como se hace en las escuelas particulares patrocinadas por el clero o por asociaciones religiosas. En fin, una proliferación de actos religiosos vinculados a la vida pública, en espacios públicos, donde la laicidad favorece una convivencia equitativa y pacífica de toda la sociedad, sin importar creencia religiosa. Esto es preocupante, sumamente preocupante, pues, insisto, se afectan derechos y libertades de terceros, y con eso se contraría el mismo espíritu de los documentos sobre derechos humanos suscritos a nivel mundial (Antonio Cruz, [email protected]).

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