o primero que debe quedar claro es que la reciente reforma al artículo 24 de la Constitución aprobada por la Cámara de Diputados, mediante la que se amplían los espacios para los cultos religiosos, no es un proceso concluido. El paso siguiente será su aprobación, corrección o rechazo por parte del Senado. Modificar la Carta Magna es un proceso serio. No es algo que equivalga a cambiar cubetas de plástico por votos. La propia naturaleza del Estado mexicano está en juego. Corresponde ahora a los senadores el análisis riguroso de una modificación en la Carta Magna realizada irresponsablemente por los diputados, que obedeció a las presiones de la Iglesia católica, y que está claramente asociada con objetivos electorales.

Hay varios elementos en los cuales puede sustentarse el rechazo a la citada reforma. No solamente porque surgió de un procedimiento poco claro e irregular, denunciado por varios diputados, algunos integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. El texto, tal como fue aprobado, se contrapone con el artículo tercero de la Constitución. No basta que los legisladores promotores y aprobadores del cambio constitucional (entre los que se encuentran diputados del PRI, PAN y, vergonzosamente, del PRD) nieguen esta contradicción. Estos legisladores creen que el pueblo de México está integrado por tontos, y limitan en sus discursos los alcances de lo que aprobaron, al propósito de garantizar la libertad religiosa, algo que desde tiempo atrás ya había quedado asentado en la Constitución. Veamos lo que dice el artículo tercero en sus fracciones I y II sobre la educación que imparte el Estado:

“I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Por su parte, la reforma al artículo 24 de la Constitución aprobada el pasado jueves en San Lázaro, con todo y que intentaron limar –sin éxito– sus aspectos más controversiales, señala: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de practicar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo…”

Pues bien, con la reforma, mientras en las aulas de las escuelas públicas se impartirán conocimientos sustentados en el progreso científico y no en los fanatismos y prejuicios, en los patios de las mismas (que son espacios públicos) se podría enseñar lo contrario. Por ejemplo, en el salón de clase se hablará de la teoría de la evolución de Darwin, y afuera se inculcaría el creacionismo (el universo se creó en seis días –como establece una Biblia medio leída–, la Tierra es plana, entre otras variantes más desarrolladas de lo mismo).

Un aspecto muy importante de la reforma aprobada por los diputados, a la que no se ha prestado suficiente atención, es la incorporación de la libertad de conciencia. En las propias consideraciones se explica indirectamente a lo que se refiere: “Objeción de conciencia: toda persona tiene derecho a incumplir –ojo: incumplir– una obligación legal y de naturaleza personal cuya realización produciría en el individuo una lesión grave de la propia conciencia o de las creencias profesadas...”

Lo anterior tiene implicaciones tremendas, no sólo en la educación, sino en otros campos, como el de la salud. Me limitaré aquí a las relacionadas con el ámbito educativo: Por ejemplo, si una persona considera que la enseñanza que se imparte en una escuela pública a sus hijos sobre sexualidad y reproducción lesiona su libertad de conciencia, contaría ahora con un fundamento constitucional para oponerse a que asistieran a esas clases, leyeran los libros de texto correspondientes y fueran evaluados sobre estos temas. En síntesis, con la reforma aprobada, el artículo tercero de la Constitución sería letra muerta.

¿La Constitución a cambio de un voto? Los senadores tienen hoy una gran responsabilidad. La lucha por el poder en las próximas elecciones nos está llevando a un escenario delirante. La Iglesia se ha convertido en una especie de maestra Elba Esther Gordillo con sotana… Pero aquí el precio a pagar es demasiado alto.