El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEP-JF) tomó como un juicio de revisión las interrogantes presentadas el jueves por Andrés Manuel López Obrador sobre lo permitido durante la precampaña, comprendida entre el 18 de diciembre y el 15 de febrero.

De este modo, el magistrado Constancio Carrasco se encargará del expediente, elaborará un dictamen con las respuestas solicitadas por López Obrador y lo llevará al pleno de la sala superior del tribunal, donde al parecer la próxima semana se votará.

El aspirante presidencial de la coalición de izquierda hizo llegar el jueves al TEPJF una carta, en la cual solicita aclaraciones sobre la sentencia dictada por la sala superior de este organismo relativa a la impugnación del reglamento de precampañas de Yucatán.

La resolución, emitida el pasado miércoles 21, señala que los precandidatos únicos están impedidos para realizar actos de proselitismo de manera abierta, porque se podrían considerar actos anticipados de campaña.

El instructor y ponente en este caso fue también el magistrado Carrasco Daza.

Dicho fallo –elaborado a partir de una impugnación presentada por el Partido Acción Nacional– fue considerado como sumamente importante por el magistrado Pedro Esteban Penagos, porque recién inició la etapa de las precampañas y debe ser acatado por quienes aspiren a convertirse en candidatos a puestos de elección popular, siempre y cuando no tengan contendientes con los cuales disputar la nominación.

Ante ello, López Obrador elaboró 10 preguntas, todas relativas a su interés por saber exactamente lo prohibido en esta etapa del proceso electoral. Tal escrito fue asumido como un juicio de revisión por el tribunal y en tal calidad se resolverá.

El tabasqueño explicó esta acción por su interés en no violar la ley, y para que todos actuemos en el marco de la legalidad.

Mientras López Obrador presentaba su escrito, el Instituto Federal Electoral (IFE) se pronunciaba sobre el tema. Los consejeros hicieron público un documento donde subrayan: las actividades políticas de los precandidatos son necesarias para el debate democrático y la construcción de ciudadanía, pero también reitera que en esta etapa, su actuación es exclusivamente frente a quienes determinarán sus candidaturas conforme a su método de selección interna.

Frente a ello y en virtud de que durante esta semana él ha realizado actos en plazas públicas de las 16 delegaciones de esta capital y planea hacer lo propio en los siguientes días en su natal Tabasco, López Obrador hizo a los magistrados, entre otras, las siguientes preguntas: ¿Cómo se garantiza la libertad de expresión y de asociación de un precandidato único, a la luz del principio pro persona, previsto en el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución?

¿Cómo se garantiza el principio de equidad en relación con precandidatos de otros partidos que sí tienen exposición pública con imagen y nombre ante la población a través de los medios de comunicación y en tiempos del Estado administrados por el IFE?

Al aspirante de la izquierda a la Presidencia le interesa sobre todo que se aclare si puede realizar mítines y encuentros en espacios públicos o cerrados y si esto debe hacerlo sólo con militantes y simpatizantes de los partidos de una coalición.