l pasado viernes, la Comisión Permanente del Congreso informó que el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, había realizado observaciones a un decreto legislativo –avalado el 15 de diciembre– que demandaba la integración de un fondo de emergencia por 10 mil millones de pesos para los estados afectados por los fenómenos climáticos que se abatieron este año sobre buena parte del territorio.

En los hechos, tales observaciones implican un retraso, por lo menos, en la aplicación de los recursos mencionados, y han sido interpretadas como el equivalente a un veto de la Presidencia al fondo avalado por la Cámara de Diputados.

Independientemente de las razones que pudiera esgrimir el Ejecutivo para justificar tal medida –las cuales no han sido reveladas hasta ahora–, ésta se torna incomprensible dado el contexto en el que se produce: durante el año que está por concluir, el rezago y abandono que acusan los entornos campesinos del país a consecuencia de la apertura comercial indiscriminada a productos agrícolas se ha agravado por los efectos de heladas, inundaciones y la más grave sequía en siete décadas, que en conjunto afectaron a 70 por ciento de la superficie cultivada del país, ocasionaron la pérdida de cientos de miles de cabezas de ganado y derivaron en problemas de alimentación y acceso al agua potable en amplias franjas del territorio. Para colmo, todo parece indicar que las consecuencias de estos fenómenos no se han expresado aún en toda su crudeza, y que a corto y mediano plazos persistirán sus efectos nocivos: un botón de muestra preocupante es el pronóstico formulado por investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo, quienes alertaron sobre una crisis alimentaria para 2012, con alzas de precios de 100 a 150 por ciento.

En tal circunstancia, no parece haber justificación alguna para que el Ejecutivo federal posponga, en el mejor de los casos, o vete, en el peor, la aplicación del fondo de referencia: si en cualquier circunstancia sería inaceptable que las autoridades mostraran indolencia para atender los daños causados por fenómenos naturales, en el caso que se comenta tal actitud es potencialmente devastadora en términos económicos, sociales y hasta políticos, pues implicaría dejar a su suerte a millones de campesinos depauperados, permitir que continúe y se amplíe la devastación en extensas zonas y poner en riesgo la viabilidad del país en materia alimentaria.

Por otra parte, la referida decisión presidencial es consistente con las actitudes asumidas por el grupo gobernante ante la catástrofe que se abate sobre los campesinos mexicanos. Desde hace muchos años, diversos sectores de la sociedad han insistido en que la continuidad de la política agrícola vigente somete a los campesinos a una competencia extranjera desigual, fuertemente subsidiada, abusiva e injusta; amplía la dependencia alimentaria del país, empobrece todavía más a los productores mexicanos, agudiza la indignación y el desamparo de millones de campesinos y es causa de mayores tensiones sociales. No obstante, las autoridades se empeñan en actuar como si tales advertencias no hubieran quedado ya ampliamente confirmadas en la realidad y profundizan la apertura indiscriminada de mercados y el incremento de importaciones: muestra reciente de ello es la prisa que ha mostrado el gobierno federal para iniciar importaciones de maíz y frijol de Perú, apenas unas horas después de que el Senado aprobó el Acuerdo de Integración Comercial entre México y ese país andino.

Así pues, y ante la falta de explicaciones claras respecto de la conducta del Ejecutivo en este episodio, es inevitable preguntarse si el virtual veto presidencial a la ayuda de emergencia aprobada por el Legislativo es una prueba más de la cerrazón, la insensibilidad y la ceguera del grupo gobernante ante la desgracia que vive el campo, o si es parte de un designio por profundizar el abandono de los entornos rurales y reducir el sector agrícola al pequeño puñado de agroexportadores que se han visto ampliamente beneficiados por el modelo vigente. Como quiera, es necesario que los legisladores adopten las medidas necesarias para revertir la medida comentada, pues las consecuencias de no hacerlo podrían ser impredecibles y catastróficas.