l pasado viernes, la Comisión Permanente del Congreso informó que el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, había realizado observaciones a un decreto legislativo –avalado el 15 de diciembre– que demandaba la integración de un fondo de emergencia por 10 mil millones de pesos para los estados afectados por los fenómenos climáticos que se abatieron este año sobre buena parte del territorio.

ermina 2011 y con él la más desastrosa crisis económica después de la ocurrida en los albores del siglo pasado. Aún no hay señales claras de la recuperación económica del país reputado como el más poderoso del planeta. Para ser más precisos, hay pocos visos de mejoría para quienes viven de su salario o están desempleados. Ya no extraña la actitud del sector más radicalmente conservador en el Congreso de Estados Unidos, que insiste en recortar el gasto social, sacrificando rubros como salud, educación, infraestructura y el subsidio los desocupados, anteponiendo su obsesión de asegurar que las ganancias del 1% de la población no sufran merma.

unque es una realidad el uso político que dan los gobernantes de todos los partidos a la ayuda destinada a quienes sufren por causa de los desastres naturales y la negligencia oficial, también lo es que no hay recursos suficientes para atender las necesidades de quienes ahora padecen la sequía en buena parte del territorio nacional. Ayer lo fueron igualmente para atender a los damnificados por las lluvias y las inundaciones. Con la sequía que viene de años atrás existe el agravante de que se prolongará, por lo menos, dos años más, lo cual demanda la acción coordinada de las instancias oficiales y de mayor apoyo económico. No hay ni lo primero ni lo segundo, como expresan las agrupaciones agropecuarias de diversos entidades del país.

o es por medio de ambiguos exhortos a la prudencia de los actores políticos que el Instituto Federal Electoral (IFE) podrá revertir el legado de impunidad y simulación que hoy caracterizan a los procesos electorales, sino con una acción firme e institucional que imponga sin miramientos el Estado de derecho. En lugar de gastar cientos de miles de pesos en desplegados sin ninguna relevancia jurídica, como ocurrió el viernes 23 de diciembre en los periódicos de circulación nacional, el hoy por fortuna completo Consejo General del IFE tendría que utilizar nuestros valiosos recursos públicos para investigar y sancionar los recurrentes fraudes a la ley que corroen el sistema democrático.

brí los ojos como en un escenario teatral o un centro de detención: todo lampareado. Poco a poco discerní tras los focos algo así como los rostros del grupo. Me miraban hablando, reían con inseguridad, entre divertidos y preocupados. Alcé la mano para cubrirme los ojos, alcé el cuello, clavé el codo en el suelo y dije qué, qué, tratando de recordar dónde estaba, qué hacía ahí y dando a entender quítenme de encima su pinche luz.