más de una semana del cierre del Bordo Poniente, y luego de que montones de basura aparecieron apilados por tercer día consecutivo en diversos puntos de la ciudad de México, resulta ya insoslayable que la capital del país enfrenta una circunstancia crítica en materia ambiental y sanitaria.
Aunque la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal informó que el servicio de recolección de basura se ha normalizado y que el problema se resolverá en unos días, la proliferación de tiraderos en lugares públicos, la saturación que empiezan a mostrar algunos de los rellenos sanitarios con los que se buscó sustituir el Bordo Poniente y la extensión de los tiempos de traslado y descarga de los camiones recolectores de residuos obliga a cuestionar tales aseveraciones: aun si los servicios de limpia lograran en efecto normalizarse, no queda claro cómo harán para recoger la basura acumulada durante más de tres días y darse abasto, además, con las 12 mil toneladas de residuos que se producen diariamente en la capital. Por el contrario, en la hora presente la situación luce cada vez más inmanejable, y pone en el horizonte escenarios tan catastróficos como los que se han presentado en Nápoles, ciudad sumergida cíclicamente por montañas de basura desde hace más de una década, y cuyos vertederos de desperdicios son controlados por mafias locales.
La acumulación de basura en las calles capitalinas se ve agravada por un manejo más que deficiente del problema por parte de autoridades locales de distintos niveles. Ayer, el gobierno de la delegación Cuauhtémoc –la demarcación en donde se ha registrado el mayor acumulación de basura en la vía pública– buscó trasladar la responsabilidad de los hechos al Gobierno del Distrito Federal (GDF), al señalar que éste no informó del cierre anticipado del Bordo Poniente, originalmente previsto para el 31 de diciembre. El argumento es impresentable por partida doble: porque, aunque fuera cierto que el cierre se adelantó unos días, no había razón para no estar preparado para un suceso que se venía anunciando desde hace meses, y porque plantea una confrontación entre autoridades delegacionales y el gobierno central que en nada ayuda a la solución del problema.
Por lo que hace al gobierno capitalino, la problemática comentada ha puesto de manifiesto una lamentable falta de previsión, planeación y organización de su parte. Desde la década pasada, diversos estudios habían venido advirtiendo sobre la obsolescencia y saturación que acusaba el Bordo Poniente y sobre la necesidad de que ese gobierno –junto con el del estado de México y el federal– explorara alternativas viables para el depósito de residuos. Por añadidura, los meses previos a la clausura del referido tiradero habrían debido servir para prever y resolver por anticipado algunos de los problemas de operación y de logística que han salido a relucir en las horas recientes, como el excesivo tiempo de los trayectos, la insuficiente capacidad de las estaciones de transferencia de residuos sólidos de la ciudad, y la falta de efectividad de los programas de separación de basura en orgánica e inorgánica, todo lo cual retrasa el proceso de recolección y traslado de desechos. Así pues, aunque ahora se busque atribuir el caos al incremento en la generación de residuos en la época decembrina y a la insuficiencia de personal de limpia como consecuencia de los días de asueto, parece más adecuado asociarlo a la torpeza y la desidia burocráticas, en el mejor de los casos, o a un desdén por la ciudadanía, en el peor.
Cuando los servicios públicos fallan en forma tan exasperante como ha venido ocurriendo en estos días, resulta inevitable que aparezcan en el horizonte inconformidad, descontento y animadversión de la ciudadanía hacia las autoridades. Así sea para evitarse esa perspectiva, las autoridades metropolitanas tienen la obligación inmediata de responder con eficiencia a la problemática actual, y actuar en forma coordinada para corregir su propia imprevisión e improvisación.
