La Comisión Permanente del Congreso exhortó al presidente Felipe Calderón a encontrar mecanismos de colaboración y entendimiento con el Poder Legislativo, con el fin de resolver el diferendo derivado del veto del Ejecutivo al decreto que ordena al gobierno integrar un fondo especial de 10 mil millones de pesos, destinado a atender los daños ocasionados por problemas climáticos en 20 estados.

El órgano legislativo determinó además citar a comparecer el miércoles 11 ante la Tercera Comisión a los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Javier Mayorga, con el fin de que informen detalladamente de la situación que guarda el flujo de recursos del sector agropecuario para enfrentar los daños climáticos en el campo.

Luego de una tortuosa discusión, en la que prevalecía la negativa de los senadores y diputados panistas a aceptar que el Ejecutivo –por conducto de la SHCP– erogara los 10 mil millones de pesos para respaldar a los productores agrícolas, la mayoría terminó por aceptar la conformación de un grupo amplio de trabajo de seguimiento y evaluación del impacto de las emergencias climáticas.

Dicho fondo fue propuesto para la atención de daños en Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, estado de México, Hidalgo, Tabasco y Veracruz.

Con el fin de controvertir la negativa de Calderón a erogar los 10 mil millones de pesos –producto de economías y subejercicios en el gobierno federal–, la Permanente solicitó a la dirección general de asuntos jurídicos de la Cámara de Diputados que, en consulta con las bancadas, emita opinión respecto a la presentación de la controversia constitucional a las observaciones formuladas por el Ejecutivo al decreto materia de la proposición presentada, con punto de acuerdo.

El pasado 19 de diciembre Calderón devolvió a la Cámara de Diputados el proyecto de decreto, con observaciones.

Señaló: “el documento aprobado por esa soberanía y denominado como ‘decreto’, si bien formalmente puede llamarse como tal por tratarse de una resolución de la Cámara, no tiene sustento constitucional alguno y jurídicamente es improcedente su ejecución”.

La Constitución no otorga facultad alguna a la Cámara de Diputados para, unilateralmente y durante el ejercicio fiscal, aprobar gastos no previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación ni menos aún para modificarlo, señaló el mandatario en un documento con el que justifica su veto.

A decir de Calderón, la decisión de los diputados constituye una violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución. También, una transgresión al principio de división de poderes que deriva del artículo 49, así como de la obligación que tiene el Presidente derivada del artículo 128 de la Carta Magna.

En cuanto a los subejercicios, en términos de la ley citada, éstos también se reportan en los Informes trimestrales que se entregan al Congreso y, si los mismos no son subsanados en un plazo de 90 días, deben destinarse por disposición de la propia legislación a inversión en infraestructura y a los programas sociales previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

A pesar de los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo, la mayoría de diputados calificó de argumento manido recurrir a la supuesta violación a la Constitución. Lo realmente sustantivo es que los pobladores del norte y el centro del país sufren hambre y abandono. Eso sí nos debe importar, más allá de los argumentos leguleyos, expuso el petista Óscar González.