yer, al argumentar el veto impuesto la semana pasada a un decreto legislativo que pretendía destinar 10 mil millones de pesos para atender la emergencia provocada por las sequías, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, señaló que la Cámara de Diputados carece de atribuciones constitucionales para, unilateralmente y durante el ejercicio fiscal, aprobar gastos no previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación ni menos aun para modificarlo. Por su parte, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para exhortar a Calderón a resolver el diferendo con el Legislativo sobre la creación del citado fondo, en tanto diputados de oposición criticaron a su gobierno porque no hace nada para resolver el problema.

Preferible a los jaloneos políticos en que se han enfrascado Los Pinos y San Lázaro sería que los representantes de ambos poderes trabajaran, cada uno en su respectivo ámbito de acción, para atender un problema que el año pasado arrojó saldos de catástrofe: afectó a casi 70 por ciento de la superficie cultivable, derivó en la muerte de cientos de miles de cabezas de ganado y la pérdida de cosechas y cultivos, cuyo impacto habrá de resentirse en meses próximos en los precios de los alimentos. Para colmo, no hay indicios de que la situación haya llegado a su fin, y ni siquiera a su punto más alto: por el contrario, como anticipó ayer mismo la Comisión Nacional del Agua, la sequía que afectó gran parte del territorio nacional en 2011 continuará por lo menos en el primer trimestre de 2012, lo que multiplica el riesgo de incendios forestales y de pérdidas económicas.

En tal circunstancia, la discusión en que se ha enfrascado el gobierno federal con el Legislativo equivale a seguir retardando una ayuda que resulta impostergable para los habitantes de los entornos rurales, y que también es necesaria para las poblaciones de las ciudades.

Por otra parte, y al margen de consideraciones sobre la constitucionalidad del decreto emitido por el Legislativo, la actitud del Ejecutivo es consistente con la política de abandono deliberado del campo y de retiro del Estado de ese sector estratégico que ha caracterizado a las administraciones del ciclo neoliberal, y que se expresa en la reducción de apoyos presupuestarios para los pequeños productores; en la ausencia de reservas estratégicas de granos, el desmedido incremento en las importaciones agrícolas, la profundización de la dependencia alimentaria y el sometimiento de la población en general a los vaivenes del mercado internacional de alimentos y a la ambición de los especuladores.

Llama la atención el celo con que el Ejecutivo defiende los preceptos del texto constitucional que definen y acotan las funciones del Legislativo cuando no ha mostrado una actitud semejante al momento de defender los numerales de la Carta Magna que consagran que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará (artículo 4º); que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable (artículo 25), y que, a efecto de lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana, el gobierno dictará las medidas necesarias para “preservar y restaurar el equilibrio ecológico (…); para disponer la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demas actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad” (artículo 27).

Si el interés del gobierno es evitar perspectivas adicionales de catástrofe para el campo y hacer cumplir lo que dicta la Constitución, no debiera haber problema para resolver el diferendo actual con el Legislativo y para aprobar, cuanto antes, la erogación de recursos económicos para aliviar la difícil situación por la que atraviesan los entornos rurales del país. Para ello, podría usarse una porción mínima de los más de 45 mil millones de dólares obtenidos por concepto de renta petrolera tan sólo en el año pasado. Si no lo hace, la administración federal volverá a poner en entredicho su compromiso con el mandato constitucional, y alimentará la percepción de que sólo recurre a éste cuando así conviene a sus intereses políticos.